El desencanto autonómico

EL 23,6% de los españoles prefieren que las autonomías devuelvan competencias a la Administración central y algunos partidos consideran que es el momento propicio para imponer la reforma en el modelo de Estado que necesita el país. La apuesta es de alto riesgo y no disimula la pretensión de aprovechar la crítica coyuntura política para impulsar una reforma que puede resultar tan imprudente como seguir ignorando los graves errores que se han cometido en el desarrollo del modelo actual y la profunda decepción con algunos resultados más ansiados, entre ellos los de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa desde un punto de vista territorial. Tampoco sería prudente ignorar las bases políticas y sociales que se han consolidado a lo largo de estos años, sobre cuyas estructuras se levanta buena parte de la sociedad del bienestar que todavía permanecen en pie.

Que el sentimiento autonómico se encuentre en su nivel mínimo desde los años 80 tiene mucho que ver con la crisis de 2008. El alarmante dato que acaba de ofrecer el CIS es el resultado de un cambio de tendencia iniciado hace cinco años, que contrasta con el máximo nivel de simpatía registrado a finales de los 90 y que se mantuvo con la prosperidad de los años posteriores. El rechazo o la aceptación de las autonomías estaría relacionado, al menos en apariencia, con la fase del ciclo económico, aunque es evidente que el modelo de Estado no puede concebirse como un mecanismo susceptible de ser activado en función de la coyuntura. Por otro lado, es también probable que la desafección con el Estado de las Autonomías no esté tan relacionada con las circunstancias de la economía como con las conductas observables en los responsables políticos y, más concretamente, con la proliferación de casos de corrupción en la política autonómica y local y con la incapacidad de los gobiernos regionales para ofrecer soluciones convincentes a los problemas que afectan a sus ciudadanos.

También es posible que la ofensiva ideológica desarrollada a lo largo del año y medio transcurrido desde las pasadas elecciones generales para responsabilizar a las autonomías del desorden en las finanzas del sector público haya terminado produciendo los efectos pretendidos, hasta el punto de conseguir reactivar alguno de los fantasmas de los primeros años de desarrollo autonómico. El principal temor era, por entonces, que los costes del experimento fuesen excesivamente elevados, mientras que las aspiraciones diferían según la región. En el caso de Andalucía, la autonomía tenía que servir para abandonar definitivamente nuestra condición de periferia y para recortar las diferencias de bienestar con otras regiones. Si nos fijamos en que después de tres décadas los indicadores relativos de Andalucía continúan tan distantes del promedio como entonces y que las dificultades financieras del sector público cuestionan la viabilidad financiera del modelo autonómico, es fácil comprender la demanda de cambios, aunque convendría no confundir una decepción justificada con un aumento del desarraigo o con el abandono de las viejas aspiraciones de justicia y equilibrio territorial.