UN maestro sin formación jurídica que se limitaba a firmar lo que sus subordinados le presentaban y que ideó un sistema de ayudas a empresas en crisis que fuera ágil, pero dentro de la legalidad. Ésta fue, en síntesis, la definición de sí mismo y de su actividad política que hizo el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera en su declaración ante el Tribunal Supremo como imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo presuntamente irregulares financiados con subvenciones públicas. Ha sido el primero de los cinco aforados que desfilarán por el Alto Tribunal precisamente por su condición de parlamentarios de ámbito nacional (diputados y senadores). Realizó una comparecencia cuajada de olvidos y evasiones, hasta el punto de que los fiscales llegaron a plantearle irónicamente que cuál era su función como consejero, a lo que respondió que se limitaba a la gestión política. Viera construyó su estrategia de defensa ante las graves imputaciones que le endosa la instructora Mercedes Alaya en el rechazo de toda responsabilidad en las numerosas irregularidades descubiertas en la gestión de los ERE, atribuyéndolas a sus subordinados en la Consejería, en particular al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Al subrayar el carácter puramente político de su cargo, el antiguo consejero, que puso en marcha el sistema de transferencias de financiación que permitió a la trama de los ERE repartir las ayudas eludiendo los controles administrativos pertinentes, trató de rehuir la responsabilidad penal que se investiga en el caso, pero de este modo asumió de alguna manera el alto nivel de responsabilidad política que le corresponde por su labor de alto cargo en el Gobierno presidido por Manuel Chaves. En otro orden de cosas, José Antonio Viera no fue capaz de enfrentar argumentos sólidos al informe de la Guardia Civil que le considera participante esencial en el "marco de corrupción" en el que se distribuyeron las ayudas millonarias a personas de su entorno familiar y político y que se concreta en una afirmación contundente: las empresas de la Sierra Norte de Sevilla recibieron 56 millones de euros de ayudas directas entre 2001 y 2010 del total de 85 millones distribuidos en toda Andalucía. El ex consejero solamente admitió que iba con frecuencia a cazar a esta comarca, pero no que se reuniese en ningún momento con empresarios de la zona para pactar con ellos la entrega de subvenciones. El instructor habrá de pronunciarse ahora sobre la verosimilitud de este testimonio y sobre la imputación del aforado Viera, que jugó un papel político clave en la gestión de los ERE.