LA Agencia de Protección de Datos ha determinado que el Ayuntamiento infringió la ley de forma grave al entregar el Anexo de Personal a los miembros de los partidos políticos y sindicatos con representación en el Consistorio, dado que el documento contenía datos personales (nombre, apellidos y DNI) de los trabajadores, asociados al resto de los datos concernientes a los puestos de trabajo. La Agencia ha instado al Consistorio a que adopte las medidas que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción de la normativa. Se colige que dicho organismo pretende que en ninguna relación de personal entregada a terceros figuren esos datos a los que se refiere en su dictamen: nombre, apellidos y DNI. Nos parece una recomendación oportuna y lógica, pues, como dijo recientemente su director en las Cortes, ningún ciudadano que no goce de la condición de personaje público, ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública, tiene que resignarse a que sus datos de carácter personal sean puestos en circulación sin su consentimiento. Ahora bien, tomando la parte por el todo y el dictamen de la Agencia como coartada, al gobierno municipal PSOE-IU le ha faltado tiempo para instaurar un sistema burocrático cuyo objetivo último consiste en restringir al máximo el acceso de los ediles de la oposición a los papeles oficiales, con el argumento de que se trata de proteger el derecho al honor y a la intimidad de las personas. A partir de ahora, la función de control del gobierno municipal que compete a la oposición y uno de cuyos elementos fundamentales consiste en la consulta de los expedientes administrativos, queda supeditada a la cumplimentación previa de solicitudes por escrito, con indicación del motivo y con al menos cinco días de antelación, solicitudes que deberán contar con el permiso expreso del alcalde, el cual puede hasta aplicar el silencio administrativo. Con este control absoluto de la información, la oposición jamás podrá destapar otro caso como el de las facturas falsas o averiguar el coste de los viajes y las estancias hoteleras de los miembros del gobierno. El oscurantismo se impone a la transparencia, algo reprobable en una Democracia. Con la excusa de proteger datos personales, PSOE e IU han instaurado en el Ayuntamiento la censura previa , la ley mordaza.