El linchamiento mediático

Afinales del siglo XVIII un juez de Virginia (EEUU) se hizo famoso durante la guerra de la independencia americana por su peculiar método a la hora de impartir justicia. Ese juez se llamaba Charles Lynch y creó un tribunal popular que ejecutaba sin proceso ni contemplaciones a los soldados del Ejército británico y a sus colaboradores. Los detenidos eran llevados por la multitud a un árbol donde se les colgaba sin más.

Ejemplos de la historia, que conviene recordar, en los que la justicia fue populachera, arbitraria y claramente injusta. En el tiempo presente vivimos tan absurdamente la modernidad, y le damos tantas vueltas al reloj, en aras de alcanzarla, que con demasiada frecuencia nos topamos de bruces con las mismas modas que hicieron furor allá por el siglo XVIII en los Estados Unidos de América. Moda que revestida de otros ropajes viene a tener los mismos resultados. Nos referimos al linchamiento como fórmula para encauzar una pretendida y falsa justicia. Como no es posible ahora el linchamiento de soga en el cuello y al árbol, nos aplicamos con eficacia al "linchamiento mediático", que viene a ser lo mismo pero sin sangre.

En los tiempos que corren hay verdaderos especialistas en estos menesteres. Estos personajes que se lanzan a promover los linchamientos a la menor oportunidad, para "colgar" al ciudadano o ciudadana de turno, antes que la justicia pueda actuar con plenitud de garantías. Para que tan vil proceso tenga lugar, el linchamiento moderno es auspiciado desde la frivolidad o desde una falsa eficacia, por los que tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes. Estos sheriffs modernos, de los cuerpos y seguridad del Estado, que se esconden muchas veces bajo siglas rimbombantes de difícil identificación, convierten así la obligada discreción profesional a la que se deben en mercancía para pasto de plumillas aventajados. A cuántas redadas espectaculares que acaparan los informativos y portadas de los periódicos asistimos para luego comprobar que no acaban en nada. De otra parte, el obligado secreto judicial al amparo de jueces y fiscales, que tendría que obligar a ellos también, no es otra cosa que mercancía barata a la que se da nula importancia. La víctima anulada así, y destrozada su familia, no puede hacer nada más que esperar a que la movida desatada encuentre los cauces de las garantías constitucionales y de los tribunales de Justicia. Hasta que no se produzca el encuentro con ellos, que suele ser después de 4 ó 5, años, la víctima estará anulada para todo, la familia arrinconada por el linchamiento y los linchadores, perdido el interés por el personaje, entretendrán su avidez morbosa en otras víctimas.

¿Quién le pone coto a tanto desmán, o simplemente quién frena a los que condenan sin juicio, y utilizan los métodos del linchamiento como fórmula para hacer justicia? La cuestión es quién controla a los controladores, y a los que nos guardan, para evitar que invadan territorios que no son suyos. Es fundamental aceptar que la administración de justicia, sobre todo de la justicia penal, debe producirse sin la presión de la publicidad y la propaganda. El lamentable espectáculo de la redada, que pretende perseguir la ejemplaridad, no sirve más que para que afloren los peores vicios de la ciudadanía. La conocida como pena mediática debe desaparecer, porque está sobradamente comprobado que al final afecta a muchos inocentes que resultan absueltos después de haber sido imputados.

No podemos olvidar que la pena mediática suele ser en muchos casos más severa que la pena judicial, por lo que, incluso, habría que entrar en el debate, que en la actualidad está abierto entre algunos juristas, sobre la posibilidad de que dicha pena, en caso de condena final, sea una atenuante de la pena judicial. En el campo penal, muchos son los sospechosos y pocos los culpables, o sea, muchos son los imputados, sobre todo en las macrocausas, y pocos los condenados. Por ello no debe servir la imputación como elemento determinante de la pena que podríamos denominar extraprocesal, y hoy conocida como mediática.

No se puede instruir un sumario bajo los dictados mediáticos, ni precipitada y desordenadamente. Tampoco los medios pueden, jugando con el honor y dignidad de las personas, afirmar o negar nada sin prueba, ni tampoco el equipo de investigación puede dar lugar a malos tratos sicológicos, y abusos innecesarios que se producen con más frecuencia de la debida. Hay que colaborar a que la justicia sea rápida y eficaz, y no lenta e ineficaz, como ocurre hoy en muchos casos. Se debe actuar con la mayor prudencia y discreción posible. Una cosa es informar y otra es cebarse contra las personas, sobre todo cuando se hace antes de tiempo. El aparente mérito o el ego de algunos no deben producirse en perjuicio de los que se pretenden juzgar, porque los hechos presuntamente delictivos llegan a arruinarles la vida antes de ser juzgados. Y ya hecho el daño, no existe remedio.