Menores no acompañados

Más de un año de negociaciones cicateras y sinuosos trámites legislativos y parlamentarios ha tardado la España de las autonomías en meterle mano a un problema enquistado de alto voltaje social y político: el hacinamiento de menores migrantes no acompañados, especialmente grave y prolongado en Canarias, Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha venido arrastrando los pies, prisionero de sus titubeos sobre política de inmigración y su precariedad parlamentaria, hasta que no tuvo más remedio que acelerar el paso después de varios requerimientos expresos y perentorios del Tribunal Supremo. La oposición del Partido Popular ha actuado, como tantas veces, con oportunismo y demagogia.

Finalmente, se ha articulado un mecanismo en virtud del cual las comunidades autónomas más afectadas por la llegada irregular de inmigrantes menores y sin recursos de acogida suficientes pueden solicitar una declaración oficial de “contingencia inmigratoria” que, una vez decretada por el Gobierno de la nación, autoriza el traslado a otras comunidades de grupos de menores para darles cobijo, alimentación y cuidados. Un instrumento de humanidad con los inmigrantes más desprotegidos y de solidaridad elemental entre las comunidades.

Se han establecido ciertos criterios objetivos para la redistribución de menores, como la renta de cada territorio de destino, los recursos habitacionales de que disponen y el esfuerzo realizado en el pasado en la materia (lo que hace que ni Cataluña ni el País Vasco estén obligados a recibir ningún contingente de menores en esta ocasión).

El sistema ideado es correcto para paliar uno de los aspectos más sangrantes del problema –irresoluble– de la inmigración irregular. La declaración de contingencia la han pedido rápidamente las tres autonomías que más están sufriendo durante el último año la presencia masiva de inmigrantes menores de edad y la incapacidad de sus servicios de acogida: Canarias, Ceuta y Melilla.

Canarias está gobernada por Coalición Canaria y PP; Ceuta y Melilla, por el PP en solitario. Sin embargo, el PP nacional rechaza el decreto y la reasignación territorial de menores, hasta el punto de que varios gobiernos regionales lo han recurrido o se disponen a recurrirlo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El Partido Popular está actuando en este conflicto como nunca debe actuar un partido de gobierno con vocación nacional, adoptando posturas diferentes según los lugares. ¿Eso es un partido coherente o una partida de intereses particulares? ¿Se puede aspirar a gobernar España defendiendo una cosa en Canarias y otra en Madrid?

Con tal de oponerse al Gobierno todos los días y en todas partes el PP se debate en un mar de contradicciones. El caso es que en este conflicto migratorio se ha quedado sin argumentos. Amenaza nada menos que con boicotear la recepción de inmigrantes en los territorios que gobiernan. O sea, con negarse a acogerlos como le obliga la ley. Es de primer curso de Democracia: las leyes, de momento, hay que cumplirlas, y si no se está de acuerdo con ellas, recurrirlas y, en su caso, cambiarlas.