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Manuel Barea

mbarea@diariodesevilla.es

El olvido que queremos

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un empresario sevillano que quería desaparecer de internet

El Tribunal Supremo le ha dado la razón a un ciudadano que no quiere estar en internet, desaparecer de ahí, que no lo encuentren. Se trata de un empresario sevillano. Quiere que lo olviden, al menos en la red. Está en todo su derecho. El contrario del que tienen otros - sí, son millones- que disfrutan figurando, viajando, mostrándose y hasta revolcándose en ella. Internet puso a su disposición un escaparate para su exhibicionismo, pues ya lo tienen. ¿Pero y los que no quieren? ¿Por qué tienen que soportar ese foco? ¿Acaso no es esta una de esas minorías, de las que tanto se habla de un tiempo a esta parte, que también merece defensa y protección?

La Audiencia Nacional desestimó la denuncia de este ciudadano contra Microsoft Corporation. El buscador Bing se negó a la desindexación, proceso mediante el cual se eliminan los datos sobre una persona en los operadores de internet. El empresario recurrió y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. La Justicia europea también lo cobija. Lo que pedía el demandante era la desaparición de información ya pasada, obsoleta, relacionadas con él y que continuaba apareciendo cuando en el servidor se tecleaban sus dos apellidos. El tribunal considera que ni hay relevancia pública ni interés general en la identidad de este individuo y ha avalado su "derecho al olvido".

Éste tendría que ser uno de los derechos fundamentales del ser humano. Este y el derecho a no ser víctima del coñazo, antiquísimo fenómeno que se perpetra a nivel individual por un delincuente -sí, debería estar tipificado como delito- del tipo lobo solitario -que toma el nombre del mismo concepto, el coñazo, tan fácil de identificar como difícil de eludir en la propia familia, la oficina o el bar de siempre, mucho más primitivo, sin necesidad de internet, se basta y se sobra con su cháchara- o a escala general o colectiva, en grupo, categoría en la que entra desde el coñazo que da el Gobierno hasta el que da la oposición, pasando por el que se soporta a diario a cargo de colectivos y organizaciones de toda laya y pelaje: culturales, financieros, religiosos, deportivos, vecinales, gremiales, comerciales, empresariales y sindicales, todos ellos convenientemente nutridos de disciplinados y avezados internautas que encuentran en un pispás datos de cualquiera -no pocos falsos o erróneos en muchas ocasiones- tecleando nombre y apellido. A todos ellos, a los que se sirven de un motor de búsqueda y a los que pillan al primero que sea para soltar su perorata, la justicia debería obligarles -bajo advertencia de multazo severo- a ser olvidadizos con quienes quieren ejercer su derecho a ser olvidados. Que busquen a otros. Lo dicho: hay millones que sí quieren ser recordados.

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