EL voto favorable del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía a una resolución, en la que se que afirmaba que RTVA vulneró la neutralidad informativa en la campaña electoral, ha abierto una crisis en dicho organismo. El fallo del CAA, ante el que se han revuelto los representantes socialistas, resultaba ineludible después de que la Junta Electoral diese la razón durante la campaña hasta en ocho ocasiones a las denuncias que en este sentido presentaron PP e IU. El presidente, Rodríguez Zapatero, prometió, cuando tan sólo era secretario general de los socialistas, que los medios de comunicación públicos dejarían de ser del Gobierno para ser de los ciudadanos, afirmando: "Queremos una televisión pública. Ni del PP ni del PSOE".

Si bien tal pronunciamiento se ha cumplido parcialmente en TVE, tras una legislatura la realidad del sector público audiovisual de nuestro país ha cambiado poco y las televisiones autonómicas y locales siguen al servicio de sus respectivos gobiernos. Los socialistas andaluces, necesitados de un cierto aggiornamento, deberían retomar la senda señalada en su día por el líder del PSOE y dar un giro de 180 grados a su política en esta cuestión.

Para ello, en lugar de someter a Vázquez Medel a un proceso inquisitorial, deberían recriminar a los directivos de RTVA por haber incumplido su deber de ser neutrales en la campaña electoral. Tal cosa, por muy inverosímil que nos parezca, es justamente a lo que se refería Zapatero. Y, siguiendo esa lógica, los socialistas tendrían que aceptar como normal que el presidente del CAA vote a favor de una resolución contraria a sus intereses. Es más, deberían pensar que una persona incapaz de hacer tal cosa no debería merecer su confianza para presidir dicho organismo.

Hace un par de semanas la catedrática de Ética Adela Cortina, en una entrevista en EPS, hablaba de mafias universitarias y de cómo los grupos de poder en la universidad imponían sus intereses con desprecio a la meritocracia y a la excelencia universitaria. También hace unos meses el ex ministro de Justicia y miembro del Tribunal Supremo Fernando Ledesma, denunciaba los criterios sectarios e ideológicos que se utilizaban en los nombramientos de determinados cargos de la judicatura. Por no hablar del abuso de poder y las practicas antidemocráticas propias de los partidos políticos. Lo peor es que todas estas perversiones del sistema son tan conocidas como socialmente consentidas.

Cátedros, jueces, dirigentes políticos, miembros de organismos reguladores -como el señor Vázquez Medel-, etcétera, ejercen funciones que por su especial naturaleza la sociedad sólo debería poner en manos de personas que, además de ser competentes en sus materias, sean capaces de tener independencia de criterio y probadas convicciones éticas. Lo contrario sólo conduce al viejo problema del abuso de poder y sugiere una elemental pregunta de resonancias bíblicas: ¿si la sal pierde su sabor, con qué vamos a salar las cosas?