De nuevo la falta de previsión de las administraciones públicas provoca indeseables efectos como el de continuar por detrás de las pautas que marca el coronavirus. La quinta ola se ha cebado con la población joven, pero también está atacando a las residencias de mayores, pese a que la casi totalidad de ellos se hallaban vacunados con las dos dosis. Son numerosos los episodios con importantes brotes de contagiados, con las consecuentes hospitalización y, desafortunadamente, en bastantes casos con la muerte de los enfermos. Es cierto que la inmunización no garantizaba al cien por cien la eliminación del riesgo de contagio, sobre todo en las personas más vulnerables que sufren otras importantes patologías. También que la gravedad y el número de infectados están muy alejados de lo que se alcanzaron en la primavera de 2020. Pero, de nuevo, numerosas residencias se han visto obligadas a aplicar restricciones a las visitas de los familiares e incluso suprimirlas. Un daño psicológico añadido a la pesadilla que desde que empezó la pandemia ha supuesto el impacto del virus en estos centros sociosanitarios. Pero el problema, para el que no hay justificación posible, es que la causa de buena parte de estos rebrotes se debe a que hay personal que trabaja en las residencias que se ha negado a vacunarse. No hay estadísticas fiables, pero sólo en Andalucía se calcula que unos mil empleados. Estamos ante un complicado dilema sobre la libertad individual y la capacidad que tiene el Estado para obligar a vacunarse. Pero el mínimo sentido común dicta que en casos como los de las residencias de mayores no se puede anteponer un derecho personal sobre el de un colectivo que puede convertirse, como ha sucedido, en víctima potencial de ese ejercicio de voluntad. Tarde y mal, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomienda que los empleados sin vacunar de las residencias se sometan al menos a dos test semanales para detectar posibles infecciones. También se sugiere que sean apartados del contacto con las personas más vulnerables. Algo que las residencias ven imposible. Una medida tibia que soluciona poco, pero que sortea afrontar el grave dilema que existe en el fondo.