Por decreto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a sus ministros a finales de diciembre que activaran las medidas sociales dependientes de sus departamentos que no exigieran la aprobación parlamentaria. Es la plasmación práctica de la teoría expuesta en alguna ocasión por el propio Sánchez de que se puede gobernar al margen del Congreso. El Gobierno está cada vez más lejos de tener asegurada una mayoría suficiente para tramitar leyes en la Cámara. De hecho, Sánchez no cuenta ya ni con el apoyo garantizado de Sumar, la fuerza que se sienta con él en la mesa del Consejo de Ministros. Se ha visto estos días con las medidas sobre alquiler de viviendas que ha lanzado la parte socialista del Ejecutivo. El uso y abuso del decreto se ha convertido en esta legislatura en la forma habitual de actuación para mantener la ficción de que se gobierna. En realidad, lo que se está haciendo es subvertir los principios básicos del sistema democrático al hurtar al Poder Legislativo su principal función, que es discutir y aprobar las normas que emanan del Ejecutivo. Las cesiones que tuvo que hacer Sánchez para reunir los apoyos necesarios para su inestable investidura y el desarrollo de los dos años largos de legislatura transcurridos dejan al descubierto una crisis institucional cuyas consecuencias están cada vez más a la vista. El Gobierno esquiva al Parlamento y mantiene un pulso con la Justicia por los numerosos casos que están en investigación en los juzgados y que lo afectan de forma muy directa. Parece que ninguno de los poderes de Estado está en estos momentos donde debería estar. El ninguneo del Parlamento y el recuso sistemático al decreto no logra disfrazar, por otra parte, el bloqueo que sufre un Gobierno que parece no tener otro objetivo que sumar meses en el poder hasta que se agoten los cuatro años de mandato, ignorando la realidad de que la legislatura lleva ya mucho tiempo rota e inoperante.