EN nuestra sociedad, la relevancia económica y social del sector audiovisual suele quedar relegada por la pujanza de otros ámbitos que, a priori, pueden resultarnos más tangibles, como el turismo, la industria, la educación o la sanidad; estos dos últimos, indiscutibles pilares del Estado de bienestar social.

Sin embargo, el impacto de la comunicación audiovisual en la opinión pública y en la salud democrática de un país o de una la sociedad es de primera magnitud. Por eso, es fundamental contar con unas reglas de juego inspiradas por esta premisa, que sean claras y adaptadas a los desafíos inherentes y constantes de un ámbito, la comunicación, asociado a su vez a rápidas evoluciones tecnológicas.

En Andalucía, desde hace dos semanas, contamos con una ley que amplía los derechos de la ciudadanía, refuerza la protección de los colectivos más vulnerables y garantiza el juego limpio entre los prestadores del servicio.

El largo y complejo periodo de tramitación que ha seguido la Ley Audiovisual de Andalucía hasta su aprobación por unanimidad de todos los grupos en el Parlamento es la consecuencia del acierto que ha supuesto contar para su elaboración con todos los agentes implicados en el sector audiovisual andaluz. Y son notables los avances que representa este nuevo marco normativo para un sector que debe ser estratégico desde el punto de vista económico y social.

La Ley Audiovisual es pionera en controlar la publicidad del sector del juego y las apuestas

Por ejemplo, ha ensanchado la franja reforzada de protección en los contenidos televisivos, de manera que en Andalucía habrá ahora 11 horas semanales más de horario en el cual los contenidos han de ser aptos para todos los públicos.

Otro enorme caballo de batalla que esta norma afronta de forma pionera en todo el Estado es la publicidad de las actividades de juego y apuestas, al establecer que sólo se podrán emitir estos anuncios entre la una y las cinco de la madrugada. El crecimiento de la publicidad de estas actividades, prohibidas a menores de edad, es una evidencia ante la cual el Consejo Audiovisual de Andalucía, junto a las asociaciones contra la ludopatía, viene dando la voz de alarma desde hace años, al estar detrás del incremento de perfiles jóvenes en rehabilitación.

En cuanto a las personas con discapacidad, se establece la accesibilidad universal a los contenidos de televisión en una comunidad donde, gracias a los niveles autoimpuestos por la RTVA, disponemos de una de las mayores cuotas de programación subtitulada y traducida al lenguaje de signos.

Estas obligaciones además van a afectar también a las televisiones locales. Y, por primera vez, se obliga a las radios con licencia autonómica a subtitular su programación a través de sus canales en TDT o en sus páginas web para las personas sordas. La norma recoge además unas exigencias en cuanto a la calidad de estos sistemas de accesibilidad, en respuesta a la reclamación de estos colectivos.

En Andalucía se contabilizan 65 frecuencias de televisión con título habilitante y 121 frecuencias de TDT ocupadas de forma ilegal por operadores, que habitualmente son utilizadas para emitir contenidos ilegales -como programas de videncia en horario protegido-. Este fenómeno está asentado en toda España, y representa uno de los principales problemas del sector, no sólo de la TDT, sino también de la radio.

Ahora, la norma andaluza ha incorporado medidas efectivas para atajarlo tras años comprobando que combatir esta invasión de canales era una tarea difícil y compleja con los instrumentos legales hasta ahora disponibles. Así, además de reforzar la inspección -clave para combatir sobre el terreno esta actividad delictiva-, la ley andaluza da un definitivo paso adelante al calificar como infracción grave la cooperación necesaria de terceras personas que difundan o transporten las señales de estos operadores y que posibiliten su emisión. Anunciarse en ellos también será sancionado.

Son sólo varios ejemplos de las muchas novedades que introduce esta ley autonómica y que afectan de forma directa al trabajo y la actividad del Consejo Audiovisual de Andalucía. Pero sobre todo, son avances que evidencian la necesidad de que desde las Cortes Generales se actualice la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010 y que, tras ocho años, conviene revisar, actualizar y concretar para afrontar los cambios vertiginosos que ha registrado el sector. Andalucía está marcando el camino.