En la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, el 23 de octubre se celebró un debate sobre diversos aspectos de la amnistía en el contexto español. Organizado por Hay Derecho, una fundación que promueve la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción, nos ilustraron Alicia Gil, catedrática de Derecho Penal de la UNED, y Ana Carmona, su colega en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Aun simplificando sus intervenciones, resumiré que la amnistía tendría cabida en nuestro ordenamiento. Reconozco que yo siempre he opinado lo contrario, pero ellas, que saben más que yo en ese tema, lo basaron en la capacidad legislativa del Congreso y en la ausencia de una prohibición expresa en el texto constitucional, aparte de que la recogen constituciones de países democráticos, como Portugal, Francia e Italia. No obstante, también señalaron que, como la amnistía hurta a los jueces su derecho de juzgar los delitos y suspende el principio de igualdad de los españoles, toda amnistía tendría que estar muy bien justificada en motivos de orden superior para resultar admisible. Hasta ahí sus análisis.

Añado yo que entre esos motivos no figura el de nombrar presidente de gobierno, lo que nada tiene de excepcional y para cuyo cumplimiento suele bastar con unos pactos parlamentarios o, eventualmente, repetir las elecciones. Se trata de un acto, si bien solemne, ordinario en nuestro sistema político, como lo prueba que se celebre cada cuatro años y que sus procedimientos estén perfectamente regulados. En consecuencia, la amnistía que está pactando la izquierda española con las fuerzas separatistas probablemente no es constitucional. El trueque amnistía por votos no la justifica. Y resulta inverosímil cualquier otro planteamiento: las fuerzas separatistas no parecen dispuestas a integrarse en el marco constitucional, lo que refuta la idea de la amnistía normalizaría la situación política en Cataluña; además, desde junio de 1978 a julio de 2023 los portavoces socialistas, incluidos ministros y especialistas en leyes, han venido defendiendo la inconstitucionalidad de la amnistía, cambiando solo de opinión a raíz de constatar que necesitarán los votos separatistas para seguir gobernando. No es el caso de los líderes comunistas, muchos de los cuales han defendido desde antiguo la amnistía, pero no son ellos quienes decidirán en esta ocasión.

Con todo, hay una altísima probabilidad de que el pacto amnistía por votos se consume, por lo que la siguiente pregunta es cómo reaccionarán los españoles. En el debate de la fundación Hay Derecho, Luis Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, planteó justamente esa cuestión. En su opinión, unos españoles ligarán la amnistía con los Asuntos Sociales y la justificarán diciendo que, gracias al pacto, se protegerán los derechos de los trabajadores, el nivel de vida de los pensionistas, etc... En suma, aunque tramposa, la amnistía iría ligada a la igualdad material entre los españoles. Otro sector, en cambio, vinculará la amnistía con los Asuntos Territoriales, y la ligará a temas como la identidad catalana contra la española, el cumplimiento de la ley contra los atajos ilegales, etc. Según cual de los dos relatos predomine, la amnistía premiará o castigará electoralmente en el futuro a los socialistas.

En cambio, el abogado Guillermo del Valle, portavoz del grupo Jacobinos, adujo que no procedía separar la cuestión de la igualdad de la cuestión territorial. En efecto, los amnistiados no pretenden otra cosa que desviar hacia Cataluña importantes recursos económicos, en detrimento de las regiones menos desarrolladas, como Andalucía o Murcia. El problema de la unidad nacional frente a la plurinacionalidad no es separable del problema de la igualdad de los españoles.

En mi opinión ambos llevaban razón. Como dice Orriols, es probable que muchos españoles avalen la amnistía para que gobierne su partido favorito sin preocuparse del debilitamiento de la democracia que pueda suponer. Como dice Del Valle, es cierto que los secesionistas persiguen ante todo privilegios económicos para sus regiones. Un verdadero partidario de la igualdad debería ser, pues, españolista. De ese modo, Jacobinos emerge como la única formación de izquierdas nítidamente partidaria de la igualdad entre los españoles también en el plano territorial. Los avalaría si decidiesen presentarse a las elecciones europeas.

Por mi parte, me resulta inquietante que esté empezando a emerger la idea de que vale canjear valores democráticos a cambio de eficacia social. De hecho, preferiría los actuales gobernantes imitasen a Felipe González cuando, habiendo ganado las elecciones con el lema OTAN, de entrada, no, decidió convocar un referéndum para avalar su cambio de opinión. Aun arriesgándose a perder, salvó el prestigio de su Gobierno y la confianza de los españoles en la política. En suma, reforzó la democracia y se ganó el respeto incluso de los que nos oponíamos a integrarnos en la OTAN. ¿Por qué no un referéndum sobre la amnistía?