La Audiencia archiva una denuncia de CCOO contra el gerente del Opaef

La Audiencia de Sevilla ha confirmado el archivo de una denuncia presentada por el sindicato CCOO contra el gerente del Organismo Provincial de Asistencia y Fiscal de la Diputación de Sevilla (Opaef), Juan Francisco González, al que se imputaba una presunta falsedad en relación con el acuerdo para abonar a los trabajadores más de dos millones de euros en incentivos correspondientes al ejercicio 2008.

El sindicato denunció los hechos en la Fiscalía, que inicialmente apreció indicios de un delito de falsedad en documento oficial, como medio para cometer otro delito de prevaricación, al entender que se aprobó el pago de los incentivos gracias a un acta que decía que todas las partes de la comisión paritaria -integrada por la empresa y los representantes sindicales- habían respaldado el acuerdo y se ocultaba que las discrepancias mostradas por los sindicatos CCOO y CSIF.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado ahora un auto en el que ratifica el auto de archivo dictado el 9 de abril de 2014 por el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que consideró que los hechos no eran constitutivos de delito alguno.

El tribunal considera que en este caso no se han elaborado "dos actas diferentes" como afirmó el denunciante y "menos aún un acta confeccionada ex profeso, en la que se hagan afirmaciones inveraces, o con la finalidad de ocultar a la Intervención algún dato". El acuerdo, prosigue la Audiencia, fue adoptado y firmado por la "mayoría existente en la comisión paritaria, la no constancia de las discrepancias del sindicato CCOO no supone ninguna falsedad, teniendo en cuenta que el contenido del acuerdo responde al mismo acuerdo reflejado en el acta y que fue adoptado por ambas partes".

Por todo ello, el tribunal señala que "ningún comportamiento delictivo con dolo falsario se infiere en la conducta de los firmantes del acuerdo" y concluye que siendo "legítimo el acuerdo, el cual incluso habiendo sido impugnado en la jurisdicción Social ha sido confirmado", por lo que "no podemos hablar de la existencia de indicio alguno de un delito de prevaricación".

En relación con estos hechos, el juzgado de instrucicón número 16 de Sevilla llegó a tomar declaración como imputadas a siete personas, entre ellas el gerente del Opaef, el adjunto al gerente, el jefe de Recursos Humanos y cuatro representantes de los sindicatos UGT y CSIF.

El magistrado archivó inicialmente la denuncia porque entendió que, tras las alegaciones de las defensas, "no se desprende en modo alguno que el alcance de lo acordado en fecha 16 de junio de 2009 en la reunión de la comisión paritaria del convenio colectivo del Opaef, que fue conocido y firmado por todos los asistentes, fuera ocultado en sus límites en la posterior remisión de lo resuelto sobre el pago de incentivos anuales al interventor de la Diputación.

A la Intervención, según el auto, se le remitió un documento denominado "acuerdo de la comisión paritaria", tal y como había sostenido en su momento el abogado Manuel Pérez Cuajares, que representa al gerente y a los otros dos trabajadores del Opaef.

El letrado recordó en su momento que tanto los representantes de UGT como los de CSIF "votaron a favor de la distribución de los incentivos", con lo que el acuerdo salió adelante con la mayoría adecuada.