Segundo intento. Y esta vez, acaso, en un contexto político mucho más favorable y radicalmente diferente al de tiempos pretéritos. La Junta de Andalucía ha decidido resucitar la idea de configurar un nuevo organismo político para el gobierno efectivo del área metropolitana de Sevilla. Y lo ha hecho al máximo nivel -con el consejero Juan Espadas como adalid- y en simultáneo a la discusión abierta desde hace unos meses por el nuevo Ejecutivo autonómico sobre la necesidad de descentralizar el Gobierno regional en favor de los ayuntamientos.

La fórmula exacta todavía no está definida. Pero el escenario es el único viable para abordar la cuestión: los ayuntamientos han tumbado hasta ahora todos los intentos anteriores, aunque más por la falta de una posición única dentro de la estructura de la Administración regional -siempre temorosa de perder poder- que porque su peso político hiciera inviable la idea.

Pero las cosas, ahora, parecen haber cambiado algo. La decisión política de Griñán de abrir el melón de la descentralización autonómica hacia las entidades locales inaugura una coyuntura en la que la vieja idea de la Sevilla metropolitana gana fuerza y tiene muchas más opciones de cuajar, aunque el proceso no será fácil. Demasiados intereses particulares chocan con la propuesta, cuyo último valedor -hubo otros antes- es el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, que durante los últimos cuatro años ha abanderado la iniciativa personalmente.

Que la decisión de reabrir el debate está tomada no cabe duda. Dos elementos lo apuntan: en primer lugar, la ratificación por parte del consejo de gobierno de la Junta de Plan Metropolitano de Sevilla (Potaus), que llega tarde y con muchos flecos abiertos (esencialmente en materia inversora), pero que al menos ya rige desde el punto de vista administrativo. Un paso importante, aunque siquiera inicial. El segundo es el que Espadas -Viera es uno de sus valedores orgánicos- afirme claramente que ahora es el momento de poner en pie, aprovechando el proceso global de descentralización de la Junta, un gobierno único para la Gran Sevilla, discurso más que conocido pero que, sólo ahora, tiene opciones serias de convertirse en realidad.

Los pasos previos para sacar adelante el nuevo modelo de gestión territorial única para Sevilla ya están más que dados hace tiempo: la creación de los consorcios metropolitanos sectoriales. En unos casos han tenido más éxito que en otros. Por ejemplo: en materia de transporte (donde lo que cuenta es la capacidad de inversión) van más o menos funcionando, mientras que sobre otras cuestiones (esencialmente urbanismo y vivienda; hasta ahora las grandes vías de ingresos municipales) no tanto.

Los consorcios han permitido al Ejecutivo andaluz -responsable de las competencias metropolitanas, junto a los municipios- testar la voluntad de muchos ayuntamientos de integrarse paulatinamente en una estructura común. Pero el balance no es todo lo positivo que debiera: recelos, cuestiones personales y políticas diversas hacen que el modelo, tal y como está esbozado, sea ineficaz. Un ejemplo: la pugna emprendida por el Ayuntamiento de Sevilla -a través de Emasesa- y la Diputación para coger la bandera de la futura gran entidad abastecedora del área metropolitana. Un litigio en el que, además de cuestiones de índole territorial, hay una lucha de poder entre socialistas.

El problema es que no queda otra. Electoralmente hablando, la presencia del PSOE es mayoritaria en los municipios metropolitanos. Y serán estos ayuntamientos quienes pagarán las hipotéticas consecuencias de la falta de atención a las necesidades de los vecinos, que demandan servicios integrales en materias como el transporte, la vivienda, la limpieza o la energía. No actuar, en términos políticos, hace tiempo que dejó de ser neutro. Otra cuestión es que se vaya poco a poco: primero, abriendo el debate; segundo, desarrollando el artículo 94 del Estatuto (el que regula las áreas metropolitanas) y, tercero, haciendo ver a los consistorios que perderán ciertas competencias -en favor de las áreas metropolitanas; que serán habas contadas- pero ganarán otras que la Junta tiene previsto traspasar. La autonomía municipal quedaría así a salvo. Aunque es evidente que no existe la autonomía sin financiación propia: y los consistorios han perdido el oxígeno que hasta ahora les daba el ladrillo -no lo recuperarán a corto plazo- y necesitan ayuda de la administración regional para sus planes dotaciones y de equipamientos. Y quien algo quiere, algo le cuesta.