Toda la documentación que Minera Los Frailes, adjudicataria de la Mina de Aznalcóllar, ha presentado ante la Junta para obtener las autorizaciones y empezar a operar saldrá a exposición pública en breve. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio consultadas sobre en qué fase se halla la tramitación. En este sentido, han precisado que la empresa solicitó el 2 de marzo la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que integra en una única resolución la evaluación de impacto ambiental y las distintas autorizaciones y exigencias ambientales. Una vez resuelta, es cuando se autoriza o no el proyecto, en una resolución distinta.

La Junta tiene ocho meses para resolver esta solicitud desde que entra por registro aunque, por razones justificadas, pueden ser diez. En cualquier caso, el plazo vence entre finales de este año y principios de 2019. En abril de este año, la empresa ya anunció que su previsión era comenzar los trabajos con todos los parabienes en el primer trimestre de 2019.

Aunque los plazos se cumplan ahora, lo cierto es que el inicio de la explotación lleva años de retraso con respecto a las fechas se dieron cuando se resolvió el concurso, en mayo de 2015, cuando se llegó a hablar de que la empresa del Grupo México podría empezar a operar al año siguiente.

Antes de empezar a operar, la empresa deberá depositar las garantías que se fijen

Para obtener esa Autorización Ambiental Unificada y según lo que se exige en el decreto 356/2010 (artículo 16) de la normativa que lo regula, Minera Los Frailes ha tenido que presentar ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tanto el proyecto técnico como el plan de restauración de la mina, así como el estudio de impacto ambiental y otros informes.

Toda esa documentación todavía no es pública, pero podrá ser consultada durante el trámite de exposición, que es inminente y que se anunciará de forma previa en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Fuentes de la Consejería precisaron que el plazo para consultarlo todo y presentar alegaciones será de 30 días. La exposición pública se realizará conjuntamente en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la de Economía y Conocimiento en Sevilla, ésta última la competente en materia de minas.

Conforme al mismo decreto que lo regula, cualquier persona o entidad podrá examinar el proyecto y la documentación incluida en el procedimiento y podrá presentar alegaciones o manifestarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental como sobre otras autorizaciones integradas en ésta.

Las mismas fuentes han señalado que, paralelamente a este trámite ambiental, que es esencial, la empresa está llevando a cabo otros urbanísticos y relacionados con la ordenación del territorio. Asimismo, está tramitando los permisos que deben otorgar otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Fuentes de esta entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica han indicado, no obstante, que informará en el seno de ese procedimiento que se sigue en la Junta, aunque la AAUdebe resolverse antes de sus autorizaciones, ya que condicionará el proyecto en su globalidad y en particular el tratamiento de aguas, que le compete.

Una vez que se resuelva la AAU es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a propuesta de la Delegación Territorial, la que autoriza o no el proyecto de explotación. En caso de que su resolución sea positiva, la empresa tendrá que depositar todas las garantías que fije esa autorización del proyecto en la Caja General de Depósitos de la Junta antes de iniciar los trabajos de explotación.

De momento, lo que se conoce del proyecto es que, a diferencia de la explotación a a cielo abierto desarrollada hasta ahora en Aznalcóllar, la nueva mina será en galería y en su construcción se trabajará los primeros tres años. Se habla de una inversión de más de 300 millones de euros.