La Cámara de Cuentas de Andalucía ha hecho públicas las conclusiones del trabajo de fiscalización que hizo sobre las cuentas del ejercicio 2016 de la sociedad Sevilla Activa de la Diputación, en las que concluye, por un lado, que éstas expresan "la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera del ente, aunque apunta algunas limitaciones que ha tenido en su trabajo así como incumplimientos. 

Señala, por ejemplo, que en los nueve expedientes de personal que se han examinado para "comprobar los procesos de selección utilizados", no se indica la valoración de méritos ni la valoración de la prueba escrita  con la que accedieron en el 66,6% de los casos. 

Asimismo, y según se recoge en el comunicado de la Cámara de Cuentas sobre este trabajo, en los casos del personal que se incorporó a la sociedad antes de 2015, no consta la publicidad de la convocatoria y se trata de trabajadores que "originariamente prestaban sus servicios mediante interinidad o un contrato de duración limitada por obra y servicio" y se le contrató más tarde de forma indefinida "sin que medie convocatoria pública".

En cuanto a los procedimientos negociados para la contratación de empresa, la Cámara señala que no se argumenta el supuesto que permite este sistema de adjudicación. 

Los auditores subrayan además que han tenido una limitación, por no haber podido certificar que el vicepresidente de Sevilla Activa desempeñe las funciones inherentes al cargo, con una jornada estipulada como personal directivo de 37,5 horas semanales y unas retribuciones brutas de 58.370 euros al año. Según la web de la entidad, se trata del alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez. 

Cortijo de Cuarto

La Cámara de Cuentas también hace algunas referencias a los terrenos que la Diputación posee en Cortijo de Cuarto, en la capital, asignados a esta sociedad.

Por una lado se cita la falta de regularización conforme al "procedimiento jurídico adecuado", de una guardería que existe en la zona, por una cesión en precario que hizo la Diputación en 1979 a la asociación de vecinos Unidad de Bellavista. 

También recuerda que existen tres viviendas, dos de las cuales están ocupadas por hijos de trabajadores de la Diputación y la tercera por alguien ajeno a la misma, que tampoco cuentan con soporte jurídico alguno. 

En cuanto a los suelos, valorados en 28,64 millones de euros y que se iban a destinar en 2008 a la construcción de viviendas, la Cámara de Cuentas señala que están contabilizados como existencias, cuando se debería haber reclasificado como "inmovilizado material". 

La Cámara destaca que no se ha acreditado documentalmente la necesidad de usar el procedimiento de emergencia de los tres expedientes de la segunda fase de descontaminación de los suelos. 

No obstante, la Diputación realizó estos trabajos porque no los asumió la empresa que los contaminó, Uralita, y que, según una reciente sentencia, tendrá que abonar ahora los costes. 

La actividad principal de esta sociedad consiste en la prestación de servicios de asistencia técnica a los ayuntamientos de la provincia, por lo que la Diputación le transfirió en 2016 algo más de 1,9 millones de euros que, según los auditores, deberían considerarse como ingresos por prestación de servicios de la entidad y no como aportaciones de los socios, tal y como consta ahora. 

Por su parte, fuentes de la Diputación ha señalado que aunque son recomendaciones de carácter administrativo y no preceptivas, por tanto, se valorarán todas para su implantación, ya que "la institución provincial es y siempre ha sido una administración cumplidora, que tiene a bien cumplir con lo dispuesto por la Cámara de Cuentas"