La antigua Uralita tendrá que pagar 379.963,89 euros a la Diputación de Sevilla por los trabajos que tuvo que hacer la institución provincial para recuperar los terrenos Cortijo de Cuarto, de su propiedad, y eliminar los restos de amianto procedentes de la antigua fábrica de fibrocemento.

Ha sido el juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid el que ha condenado a la Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA (Coemac), la antigua Uralita. La empresa también tendrá que pagar intereses y se le impone las costas causadas, según señala la sentencia. El juicio se celebró en abril del año pasado.

El fallo, que ya ha sido recurrido por Coemac, señala que la prueba documental evidencia que los terrenos de la Diputación se encontraban contaminados por amianto y que Coemac no ha acreditado "suficientemente" que adoptara "no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento debían haberse adoptado con una diligencia y cuidado que le era exigible al venir desarrollando su actividad productiva con materiales que se conocía ya, desde al menos 1940, que eran peligrosos".

Los vertidos procedentes de la fábrica de Uralita, a cielo abierto, se han venido produciendo desde la década de los años 70 en el Cortijo de Cuarto desde la década de los años 70 en los terrenos d el Cortijo de Cuarto, situados en la barriada de Bellavista, parte de los cuales son propiedad de Sevilla Activa, sociedad de la Diputación de Sevilla. Los terrenos estaban contaminados de amianto, que "provoca serios daños para la salud de las personas", por lo que la entidad provincial llevó a cabo trabajos de recuperación voluntaria de los suelos contaminados, una actuación que ha conllevado el coste reclamado a Coemac.

La empresa alegaba que las cantidades reclamadas "carecían del rigor necesario" o eran "desproporcionadas", algo que el juzgado rechaza. Además, Coemac se defendía asegurando que no se acredita que esos "polvos o tierras blanquecinas" se correspondan con residuos de una fábrica de fibrocemento. La antigua Uralita considera que el coste asumido por la Diputación "obedecía a una obligación legal, la de sanear los terrenos de su propiedad y mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad". Para Coemac, "la acción ejercitada se encuentra prescrita", ya que la fábrica cerró en 1998.

Las retirada del amianto se inició a partir de la denuncia que interpusieron en febrero de 2013 vecinos de la zona, que alertaron a la Diputación de Sevilla sobre una posible contaminación por amianto de estos suelos. El hecho fue confirmado después por diferentes estudios, y en marzo la sociedad Sevilla Activa inició el procedimiento de gestión para dotar de presupuesto los trabajos de recuperación e iniciar las contrataciones necesarias.