Condenados a dos años de cárcel por el ruido de una discoteca en Estepa

La Audiencia de Sevilla ha condenado a los dueños de una discoteca de Estepa a dos años de cárcel por los ruidos que emitían, que llegaban a mover los cuadros y platos de las viviendas situadas sobre el local y que obligaron a poner en tratamiento psiquiátrico a un niño de 3 años.

Una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia confirma íntegramente el fallo anterior de un juzgado penal, quien "valoró correcta y detalladamente la prueba" practicada en el juicio, así como la declaración de los policías locales sobre el "nivel no soportable de ruido" que emitía el local.

La Audiencia condena a Antonio G.V., que obtuvo en abril de 2006 licencia para abrir la discoteca Mandrágora, luego denominada Akelarre, situada en una zona residencial de Estepa y que luego cedió al segundo condenado, Miguel A.G.

Desde abril de 2006 la Policía Local recibió denuncias de los vecinos por las vibraciones y ruidos procedentes de la discoteca y desde entonces diferentes mediciones de la Policía, de empresas contratadas por el Ayuntamiento y de ingenieros constataron el exceso de ruidos que impedían dormir a los vecinos, según la sentencia.

Los técnicos comprobaron que la discoteca no tenía conectado el limitador de sonido y que las viviendas recibían ruidos y vibraciones que llegaban a mover los cuadros y platos de cerámica colgados en las paredes, según la sentencia penal.

Además, la familia se veía obligada a colocar los colchones en el suelo de la estancia más alejada de la discoteca para poder dormir.

La resolución de la Audiencia confirma la indemnización de 33.000 euros que recibirá cada miembro de la pareja y los 27.000 euros de su hijo, entonces de 3 años, que sufrió como consecuencia de tal contaminación acústica "irritabilidad y trastornos del sueño" de los que tardó en curar 730 días, durante los cuales necesitó tratamiento con ansiolíticos y asistencia de especialistas en psiquiatría y pediatría.

Uno de los condenados alegó ante la Audiencia que no podía adivinar las molestias que sufrían los vecinos, pero los jueces le responden que teniendo el cuenta el nivel de ruidos y las numerosas quejas vecinales, así como el hecho de que regentaba varios locales de ese tipo, debía ser conocedor "de que dicha actividad comporta unos niveles de ruidos que es necesario controlar".