Caso Aznalcóllar

Emerita pide a la juez la "suspensión cautelar" de los trabajos en la mina de Aznalcóllar

  • La denunciante solicita la citación como investigados de los otros seis miembros de la mesa de contratación y que se amplíe las imputaciones con cuatro delitos más a la actual viceconsejera de Empleo, María José Asensio, y los otros funcionarios ya investigados.

La mina de Aznalcóllar. La mina de Aznalcóllar.

La mina de Aznalcóllar. / Juan Carlos Muñoz (Sevilla)

La empresa Emerita, perdedora del concurso de la mina de Aznalcóllar, ha solicitado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que acuerde la “paralización cautelar” de los trabajos que se realizan en la mina de Aznalcóllar y que se amplíe las imputaciones a la actual viceconsejera de Empleo –antes directora general de Minas-, María José Asensio, y al resto de técnicos y funcionarios que ya figuran como investigados en la causa con otros cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.

En un escrito presentado en el juzgado en respuesta a la petición realizada por la juez, pide a la juez que ordene la "paralización cautelar" de los trabajos que se estén realizando en los recursos mineros de Aznalcóllar, y la "suspensión cautelar" de las resoluciones y procedimientos administrativos de los que estos trabajos derivan, especialmente de la resolución de 25 de febrero de 2015 de la dirección general de Industria, Energía y Minas por la que se adjudica el concurso a Minorbis-Grupo México, así como la posterior aceptación de Minera Los Frailes y la resolución de la consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza la exploración de la reserva por Minera Los Frailes de 3 de junio de 2016.

La denunciantes señalan que una vez acreditada "al menos indiciariamente" la irregularidad del procedimiento, la realización de trabajos e inversiones en dichos recursos “sólo agravan la situación y causan un grave daño no sólo a esta parte, sino a los actuales explotadores de los recursos (que pueden ver sus inversiones perderse por una resolución judicial futura) y especialmente a los intereses generales, por las posibles indemnizaciones que puedan derivarse”, precisa.

La denunciante añade que de probarse la ilegitimidad de la adjudicación a Grupo México-Minorbis, "estaríamos con que se está realizando un proyecto defectuoso que puede acarrear graves daños al Medio Ambiente y a la salud de las personas", y concluye que la más elementa consideración de "prudencia" les lleva a estimar que “tanto por los posibles daños económicos a las partes y al erario público, como por el riesgo que se corre, debe decidirse la paralización cautelar de cualquier operación, que más allá del necesario mantenimiento de la salvaguarda de la seguridad, se lleve a cabo en los recursos mineros objeto del concurso".

Emerita solicita además que sean citados a declarar como investigados los otros seis miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación, como ya planteó la propia instructora después de que la Audiencia de Sevilla ordenase reabrir la investigación en relación con la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Dice el abogado de Emerita, Ramón Escudero, que si de las "decisiones injustas o contrarias a Derecho tomadas por la comisión técnica de la mesa de contratación, serían responsables todos sus integrantes, y por ello todos serían autores de los delitos cometidos", añadiendo que se trata de un delito de prevaricación “achacable a todos los miembros de la comisión técnica", dado que las decisiones se tomaron por unanimidad y por tanto el delito “surge de un concurso de voluntades en el que intervinieron todos sus integrantes.

A estos seis técnicos, Emerita solicita que se les cite en calidad de investigados por un delito de prevaricación y por los otros cuatro mencionados que también atribuye a los anteriores imputados.

Cargos contra la actual viceconsejera

Además, el abogado de esta compañía pide asimismo que en el caso de varios investigados, entre ellos la actual viceconsejera de Empleo María José Asensio, se amplíe su imputación por delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio, y de la misma forma solicita que sean citados como imputados por cinco delitos –prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal- los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes de Minorbis. Emerita destaca que ambos empresarios eran “conscientes de que el procedimiento de adjudicación de los recursos mineros no iba a ser limpio, y por ello, incluso antes de comenzar la licitación se reunieron con representantes de Emerita Resources para advertirles que ellos tenían la llave del concurso, produciéndose inmediatamente de esa reunión, la llamada de Vicente Fernández, como habían anunciado que sucedería”.

La denunciante añade que los hermanos Magdaleno no sólo se beneficiaron delitos, sino que "colaboraron en su comisión", y considera que Minorbis, "una empresa descapitalizada, sin material, capital humano ni económico ni experiencia, habría actuado como un conseguidor que aportaba sus contactos a la Administración, y por lo que habría cobrado su comisión, para luego ver desvanecerse su participación en la mina de forma tan descaradamente evidente”.

Con respecto a la ampliación de los cargos a María José Asensio, la denunciante sostiene que ésta presentó en el juzgado el 13 de abril de 2015 un escrito donde daba “su versión” del papel que había desempeñado la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano durante el procedimiento de adjudicación y en el que se aseguraba que a esta trabajadora se le facilitó un ordenador con conexión a internet para realizar las comprobaciones necesarias y que al término informó de que la solvencia de Grupo México estaba “garantizada”, pero Emerita afirma que Pilar Trujillano "nunca informó de que la solvencia estuviera garantizada".

Presunto cohecho

Emerita pide que se investigue un posible delito de cohecho, tráfico de influencias y fraude porque "algunos, si no todos los miembros de la comisión técnica de la Mesa de Contratación fueron ascendidos inmediatamente después de su participación en la misma, tomando decisiones que, según criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla, consta acredita su ilegalidad". Para la empresa, resulta por tanto "imperativo" que el juzgado investigue si tales beneficios en cuanto a su situación laboral "son fruto de su actuación irregular en la licitación que nos ocupa".

Y añade que aunque al final no se estimase que se ha producido un beneficio propio, "es indudable que la actuación irregular de los miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de Contratación, benefició patentemente a terceros, y cuanto menos al consorcio Minorbis-Grupo México, a las sociedades que lo componen y a las personas que las controlan".

También solicita la imputación del que fuera secretario general de la Consejería Vicente Fernández al que atribuye cinco delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal. La denunciante alega que este ex alto cargo emitió y firmó el informe de la dirección general presentado el 27 de agosto, donde afirma que el licitado y adjudicatario es Minorbis "sin nombrar a Grupo México como licitadora, abundando en la evidente falsedad" y además reconoce que Minera Los Frailes es una entidad “diferente".

Para la denunciante, Vicente Fernández emitió un acto administrativo que contiene "patentes falsedades con el objeto de confundir, o al menos influir, en la investigación judicial”, en alusión a los escritos donde afirma que el licitador y adjudicatario es Minorbis y reconoce que Minera Los Frailes es una entidad diferente, con una solvencia acreditada "porque posee 93 millones de fondos propios, sin entrar a valorar que no acreditan ninguno de los requisitos exigidos en la licitación".

En su escrito, Emerita señala que en sendos informes presentados por la ex directora general de Mina, una letrada de la Junta y el interventor delegado en la Consejería se afirmaba que no fue el consorcio Grupo México-Minorbis quien se presentó al concurso, sino solamente Minorbis, por lo que la acusación entiende que "resulta claro y evidente que en los documentos aportados a este juzgado en los que se afirma que la única entidad licitadora era Minorbis, se está faltando de forma consciente y deliberada a la verdad, alegando un hecho evidentemente falso".

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