Stefany González Escarramán, la joven de 26 años asesinada por su marido el pasado domingo en Olivares, había presentado una denuncia por agresión contra su marido sólo un mes antes, pero la juez que investigó el caso rechazó dictar una orden de alejamiento. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor denegó la orden de protección para la víctima por varios motivos, entre los que destaca que la Guardia Civil no apreció "riesgo" para la mujer, así como el parte de lesiones aportado por el agresor y las versiones contradictorias de ambos cónyuges.

La mujer asesinada presentó una denuncia el pasado 17 de septiembre en la que acusó a su marido de malos tratos y en la que solicitó que se adoptaran medidas cautelares, en concreto una orden de protección. La mujer, que tenía dos hijos de 3 y 5 años fruto de su matrimonio con el presunto asesino, pidió la orden de alejamiento tras denunciar sobre las 03:30 a su pareja en el cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar.

En la denuncia, la mujer aseguró que su marido, José Manuel R. M., de 41 años, cuando llegó a su casa a las 22:30 del 16 de septiembre de trabajar, le dio un puñetazo en la cara, la insultó y agarró del cuello a la vez que le zarandeó y le arrojó varios objetos, uno de los cuales, un cucharón, impactó en el hijo de tres años. El servicio de emergencias 112 intervino en este caso y la mujer fue atendida en el Hospital de Bormujos, donde fue atendida de una herida en un pómulo, así como arañazos en el cuello y el tórax.

Tras denunciar los hechos, la mujer acudió al juzgado 2 de Sanlúcar, cuya titular, Brígida Muro, dictó un auto denegando la orden de alejamiento. En el auto, la juez precisa que el riesgo para la víctima "no es apreciado" por los agentes y recuerda que seis meses antes de la denuncia el presunto agresor, que carece de antecedentes penales, había presentado un parte de lesiones que le habría provocado ella en una discusión, sin que la víctima aportara ningún parte.

La decisión de la juez estuvo  avalada por la Fiscalía, que se opuso a la adopción de la medida. No constan más denuncias de la víctima en los juzgados.

En el auto de denegación de la medida solicitada, la juez señalan como fundamento para rechazar la orden de protección las "versiones contradictorias" de ambos y el "parte de lesiones" aportado por el denunciado, al que no le constaban antecedentes penales, así como la calificación de riesgo no apreciado realizada por las Fuerzas de Seguridad.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer la apertura de una investigación para analizar las circunstancias que rodearon la denuncia de la víctima y por qué no se adoptó la medida cautelar. Se investigarán "todos los procedimientos seguidos teniendo en cuenta que finalmente culmina en una decisión judicial", subrayó Sanz, que añadió que se valorarán y analizarán todas las circunstancias para "tratar de buscar la mejor conclusión para que no vuelva a ocurrir, pero evidentemente es una investigación que haremos entre todos". El delegado explicó que, una vez que se ha conocido que la juez denegó la protección de la joven, hay que "valorar todos los pasos que se dieron y qué informes policiales existen tanto a nivel municipal como de la Guardia Civil para conocer cuáles fueron los hechos".

El delegado del Gobierno añadió que habrá que esperar al resultado de esa investigación para  "sacar las conclusiones y ver si existen unas circunstancias que motiven la toma de decisiones, porque el objetivo es evitar este tipo de víctimas y acabar con la lacra de la violencia de género", agregó.

A Stefany González se le llegó a ofrecer incluso  una casa de acogida que rechazó. "Se le ofrecieron diferentes medidas o medios a nivel municipal, pero lamentablemente al final ha habido esta agresión y muerte", aseveró Antonio Sanz.

La comisión de violencia del Ayuntamiento de Olivares abordó su situación y se le ofrecieron varios de los recursos disponibles a las personas que sufren violencia machista. En una de las ocasiones en la que la mujer estaba siendo atendida por los servicios jurídicos municipales específicos de ayuda a las mujeres víctimas de violencia, el presunto asesino se personó en los juzgados y exigió que fuera atendido.

El detenido tiene 41 años y, según dijo en el juzgado, negó los hechos que le imputaba su mujer, una dominicana de 26 años, y aseguró que era ella la que le insultaba y se reía de él.

Al cierre de esta edición, el agresor seguía en dependencias de la Guardia Civil a la espera de su probable puesta a disposición judicial, algo que podría producirse a primera hora de esta mañana. Una vez que se le tome declaración en relación con este crimen machista, el juzgado deberá acordar su ingreso en prisión provisional hasta que sea juzgado.