"No vamos a permitir la destrucción del modelo cooperativo que tanto empleo y riqueza ha generado para el pueblo y la comarca por parte del actual gobierno del PP en la Junta de Andalucía". Es la intención directa con la que el pueblo de Marinaleda se enfrenta a una cuenta atrás que podría poner en peligro el motor económico del municipio, la explotación de la finca Los Humosos.

En junio de 2021, la Junta de Andalucía emitió una orden de desalojo para que en el plazo de un mes las Cooperativas de Marinaleda dejaran de trabajar las tierras de Los Humosos, negando así la posibilidad de que las cooperativas y el Ayuntamiento de la localidad pudiesen ejercer el derecho de adquirir dichas tierras. En diciembre de ese año, tras varias reuniones que no llevaron a ninguna solución, y para evitar el desalojo, las Cooperativas de Marinaleda que gestionan dichas tierras desde hace casi 30 años, interpusieron un recurso contencioso administrativo y cuya resolución se espera para este otoño, con los peores presagios. El mayor temor en el pueblo es no poder asumir el coste que establezca la Junta para estas tierras y que estas puedan caer en manos de un fondo de inversión, acabando con el modelo de trabajo cooperativo autogestionado que sustenta al municipio.

"Los Humosos representan el mayor triunfo que la clase jornalera jamás haya conocido en Andalucía. Es, sin duda, un proyecto sindical-político claro, en el que los jornaleros defendemos que la tierra debe ser pública. Nadie puede hacerse con la tierra para su enriquecimiento privado. Y para ello la única manera de que la tierra sea pública es que ésta se traspase de administración a administración", reivindican fuentes cercanas al procedimiento.

La compra de las tierras, la única vía

La compra es un paso exigido por la administración a raíz de un cambio legislativo tras la extinción del Instituto de Reforma Agraria (IRA). La nueva normativa de la Junta de Andalucía, sobre el acceso a la propiedad de las tierras dadas en concesión, proporciona al Ayuntamiento de Marinaleda, caso de que prospere la estrategia de la administración autonómica andaluza de desalojar a las cooperativas de Los Humosos, una acción de compra preferente sobre las tierras. Desde el Ayuntamiento, con su alcalde Sergio Gómez, heredero y discípulo del mítico líder de las luchas jornaleras e histórico alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, su intención es firme.

"Lo que tenemos claro como Ayuntamiento es que vamos a ejercer el derecho a compra de las tierras. Somos un ayuntamiento colindante y según su propio decreto sobre la venta pública de las tierras del antiguo IRA tenemos la prioridad. La cuestión está en el precio que le quieren dar a esas tierras. En ese sentido lo que queremos es un precio justo. No estamos dispuestos a pagar lo que ellos dicen que esas tierras valen porque allí hemos invertido nosotros mucho desde el año 1992 y entendemos que, por eso, hay que abaratarlo", indica el regidor, que, pese a que el precio de venta aún no se ha hecho público intuye que la venta que pretende la Junta "sería mucho dinero".

"Somos un Ayuntamiento que representamos a 2.700 habitantes y que tiene un presupuesto de 4,5 millones. Es lógico que no podamos pagar por esas tierras un precio que nos asfixie como organismo público y como pueblo. Hemos invertido allí mucho dinero y el uso que pretendemos es colectivo y público para generar empleo y por eso la Junta tiene que ceder para que el precio sea lo más bajo posible", insiste Gómez.

Incertidumbre en el pueblo

No obstante, pese a esta firme intención del gobierno municipal, la incertidumbre se ha apoderado de un pueblo que ve peligrar su motor económico. Fuentes cercanas a las cooperativas que explotan El Humoso reflejan que están "totalmente en contra de que las tierras se privaticen". "Si la Junta de Andalucía no zanja el expediente con el Ayuntamiento de Marinaleda, comprador preferente, las podría sacar a la venta y que estas terminen en un fondo de inversión, como ya ha ocurrido con otros latifundios", recalcan.

Las mismas fuentes aluden a las "trabas" interpuestas por la Administración andaluza a las propias cooperativas a hacerse con la finca, de ahí la interposición del recurso contencioso administrativo del cual se está ahora a la espera de su inminente resolución. Uno de ellos, explican las cooperativas, sería que el número de socios debe ser igual al existente cuando las tierras fueron cedidas hace 25 años. Eso supondría 95 socios, lo cual, consideran, "es inviable".

"En las tierras se genera muchísimo empleo pero es estacional y tener a 95 personas fijas como socias cooperativistas se carga el proyecto. Se nos pidió desde la Junta un informe que demostrara que esto era así, pero no se llegó ni a discutir. A continuación se rompieron todas las negociaciones y se emitió la orden de desalojo ante la cual interpusimos el recurso. Y así hemos llegado a este punto sin avance entre Ayuntamiento y Junta, con la sentencia, que en gran porcentaje sabemos que se va a perder, muy cerca, y se va a abrir una circunstancia de completa incertidumbre para un proyecto socioeconómico del que depende todo un pueblo", apuntan.

Llegados a este punto, para el gobierno municipal y cooperativas "las administraciones públicas deben favorecer e impulsar el desarrollo de actividades productivas que mejoren la vida de la gente. "Por todo ello, nos consideramos que para que no se perjudique el proyecto de nuestro pueblo que cultiva la tierra y fabrica productos agroalimentarios de calidad a partir de la gestión de la finca Los Humosos, dicha finca debe pasar del arrendamiento a la propiedad de quienes la trabajan", defienden las fuentes cercanas al procedimiento consultadas.

"Andalucía no necesita ventas de tierras públicas, ni más aún a fondos de inversión especulativos ni a otros agentes alejados de nuestra realidad sino modelos de desarrollo cooperativo que propicien que los recursos de nuestra tierra puedan servir para mantener y mejorar la vida en nuestros pueblos y sus trabajadores. Tenemos que llegar a un entendimiento y no nos pueden poner el problema del precio. Si ellos tienen buena predisposición en abaratar ese precio, lo podremos hacer, porque esto es una cuestión normativa", concluye el alcalde de Marinaleda, un pueblo para el que la pelota de mantener "el empleo digno" está en el tejado del Gobierno andaluz.