La Asociación de Temporales de la Diputación de Sevilla (ATD), que agrupa a parte de los interinos afectados por procesos de estabilización y consolidación, ha lamentado que la Diputación siga con su plan de regularización de estas plazas, mediante el sistema de concurso-oposición libre, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del 19 de marzo, sobre este problema, generalizado en la administración pública española.

En concreto, esta semana se han publicado las bases de las 127 plazas que quedaban por salir de las casi 400 incluidas en el proceso y se ha trasladado a la plantilla un primer borrador con posibles fechas de inicio de los exámenes pendientes, después de la suspensión por el estado de alarma. Según el mismo, éstos se retomarían  en septiembre.

El colectivo de interinos lamenta que el gobierno de la Diputación sólo se haya quedado con una frase de la sentencia del TJUE: la que señala que la última palabra la tienen los "órganos jurisdiccionales nacionales", una "pobre interpretación" de un fallo de más de 20 folios y con otras apreciaciones que, insisten, dan pautas de cómo actuar.

Entre otras cosas, la ATS recuerda que el fallo señala que si la "normativa nacional" para procesos cuyo objeto es cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente no resulta efectiva para prevenir el uso abusivo, tampoco lo es "para sancionar" ese uso ni para eliminar las consecuencias de la infracción del derecho y las normas de la UE en ese aspecto.

Los interinos, que aún así consideran que la UE se "lava las manos con este fallo", concluyen que hace falta un cambio legislativo a nivel nacional y que los procesos selectivos que hay en marcha en las distintas administraciones se paralicen mientras tanto. 

"Prudencia" para encontrar solución al problema

Pero su confianza en que eso se produzca es muy poca. "Desde la ATD lamentamos profundamente que ni la señora ministra (de Política Territorial y Función Pública) Carolina Darias, ni los representantes de los trabajadores, pasando por nuestros presidente Fernando Rodríguez Villalobos, el diputado del Área de Empleado Público Juan Manuel Heredia y el director del Área de Empleado Público Francisco Joya, entre otros, no hayan podido leer con detenimiento la sentencia del TJUE de 19 de marzo, para actuar en aras del mayor beneficio no solo de los trabajadores sino de toda la ciudadanía, con la lógica y prudencia que la situación demanda, para encontrar la mejor solución a este grave problema", señalan en un comunicado.

El colectivo estudia impugnar las últimas bases que ha publicado la Diputación y advierten que la situación les sigue abocando a continuar su lucha en los tribunales.