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La Junta expedienta a Radio Taxi Valme por "limitar" la competencia

  • El ente niega irregularidades y ciñe la denuncia a la actitud revanchista de un taxista expulsado

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La asociación Radio Taxi Valme, de Dos Hermanas, podría enfrentarse a una sanción económica de hasta el 10% de la cifra total de negocio en el año anterior al que la multa se imponga, en su caso, por posibles "conductas anticompetitivas", que denunció uno de los profesionales que estaban integrados en el ente y que están siendo investigadas ahora por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Según informó ayer este órgano, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, la investigación se inició a finales del año pasado y tras una primera fase en la que se han encontrado "indicios racionales" de "conductas" contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, se ha abierto este expediente sancionador, cuya tramitación puede durar, como máximo, un año y medio.

No obstante, el presidente de la Asociación Radio Taxi Valme, David Claraco, confirmó que van a presentar alegaciones al expediente y que confían en su archivo, teniendo en cuenta que el taxista del que partió la denuncia ya puso otras dos contra la asociación en los tribunales, tras ser expulsado de la misma y que perdió. Los fallos determinaron que incluso debía pagar las costas. Así, hablan de una denuncia con carácter revanchista y confían en que la Agencia de la Competencia se pronuncie en el mismo sentido tras la documentación que aportarán sus abogados. Esta asociación es la única de radio taxi que funciona actualmente en Dos Hermanas y agrupa a unos 47 taxis.

En concreto, la Junta investiga si la Asociación Radio Taxi Valme ha podido "limitar la oferta de prestación de servicios en el mercado", establecer precios para la prestación de los mismos o impedir la competencia entre los asociados entre sí, o entre éstos y la propia asociación, entre otras cosas que irían en contra de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y que prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

La multa final, en caso de producirse, dependerá de las supuestas conductas irregulares que se demuestren, aunque puede llegar a ser de hasta el 10% de la cifra de negocio del año previo al que se imponga la sanción.

Un precedente en este sentido es la multa que la misma Agencia de la Defensa de la Competencia impuso a la Unión del Taxi del Aljarafe en 2013, también a raíz de la denuncia de un asociado que fue apartado de ente. En este caso, se trata de algo más de 51.000 euros de sanción por haber "limitado de forma no justificada la prestación de servicios al margen de la emisora". La asociación ha recurrido por lo contencioso la resolución y el juicio se ha fijado para el mes de noviembre.

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