Provincia

La Junta abre la mano a la legalización de casi 360 urbanizaciones

  • La figura de "asentamientos urbanísticos" prevista en el decreto que hoy aprueba el Consejo de Gobierno dará la posibilidad de que los ayuntamientos las incluyan en los PGOU

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará hoy el esperado decreto para abordar la realidad en Andalucía de las viviendas construidas sobre suelo rústico y que establecerá las vías para la regularización -salvo las que estén en suelos protegidos o inundables y siempre que los propietarios paguen cuantas obras de urbanización sean necesarias- de unas edificaciones que han proliferado desde años 70, en algunos casos, que han supuesto auténticos quebraderos de cabeza para los ayuntamientos y una constante denuncia de los colectivos conservacionistas.

Aunque ni éstos ni la Junta tienen una estimación cerrada de las viviendas que se podrían beneficiar -sí se han hecho inventarios en las comarcas de la Axarquía malagueña y la Almanzora almeriense-, unos pocos datos bastan para calibrar la repercusión en Sevilla del nuevo enfoque normativo. En la provincia, el fenómeno se caracteriza menos por la vivienda aislada -que la hay-, que por las parcelaciones, que conforman núcleos urbanos en la práctica y que han ido pasando progresivamente de ser segunda a primera residencia. Un informe del Defensor del Pueblo Andaluz del año 2000 ya alertaba de que la provincia estaba a la cabeza de Andalucía en parcelaciones ilegales, con 359 distribuidas en 42 municipios. De ellas, 219 estaban en "abierta contradicción con el plan vigente en cada caso".

Estas urbanizaciones, "con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos", van a ser uno de los tres supuestos de posible regularización que se recojan en el decreto de la Junta, como "asentamientos urbanísticos". A esta figura se unirán los supuestos de "edificaciones aisladas" y "hábitat rural diseminado", cada uno con sus condiciones.

Aunque el fenómeno se da en muchos pueblos, hay casos paradigmáticos: Carmona, con 72.000 hectáreas de término municipal, tiene casi 40 urbanizaciones sin regularizar en las que pueden residir de forma permanente casi 10.000 personas. Utrera suma otro medio centenar de parcelaciones, algunas con varias décadas de historia. El Ayuntamiento, uno de los pocos que se atrevió hace un lustro a meter las excavadoras en algunos nuevos núcleos que estaban surgiendo, creó una ordenanza específica para viviendas fuera de ordenación que le permite, por ejemplo, dar licencia de obras para mantenimiento a las más antiguas.

Castilblanco tiene, entre otras, Las Minas, un asentamiento con 1.200 parcelas y una extensión cinco veces la de su casco urbano. Arahal, que de acuerdo con la Junta inició hace casi tres años un inventario de las viviendas en esta situación, tiene registradas a día de hoy 1.200 edificaciones en suelo rústico, aunque se estima que existen alrededor de 1.500 en total, que equivaldrían a un 20% de todo el casco urbano histórico. Y son sólo algunos ejemplos.

En el año 2010, la Fiscalía de Medio Ambiente abrió 115 diligencias por delitos relacionados con las edificaciones ilegales en Sevilla, una cifra menor que otros años por la crisis económica, la progresiva judicialización de una práctica que, hasta poco antes, se había resuelto con una sanción administrativa y el aumento de la vigilancia por parte de los ayuntamientos. En 2010, cerca de 80 personas fueron denunciadas por el Seprona de la Guardia Civil por el mismo motivo. Ya ha habido casos que han llegado a juicio en los que se ha dejado pendiente parte de la condena -la reposición del terreno a su estado original- a expensas de procesos de regularización.

Ayuntamientos como los citados y otros ya están intentando abordar a través de los PGOU la regularización. Castilblanco, siguiendo las directrices de la Junta, ha firmado acuerdos con 500 parcelistas de Las Minas que han depositado avales de entre 1.200 y 3.000 euros, según los casos. Así, están esperando "como agua de mayo" -expresión en la que coincidieron varios responsables consultados- el decreto para tener el enfoque definitivo y las herramientas para la regularización. Algunos han tenido oportunidad de aportar sugerencias a los responsables de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda durante el proceso.

Las fuentes consultadas aseveran que, en lo que respecta a las urbanizaciones, el decreto será importante porque, si no hay cambios, establecerá seguramente excepciones a dos de los requisitos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Al parecer, y como salvedad, se va a permitir que pueda considerarse suelo urbano una urbanización de este tipo, aunque esté desgajada y no haya posibilidad de unirla al casco urbano principal. Ello vendría a resolver, por ejemplo, los problemas que tiene Arahal, donde la más cercana de las 25 comunidades que tiene -concentradas en torno a cuatro o cinco núcleos- está a más de tres kilómetros de su casco urbano principal. Son, por tanto, incompatibles con la LOUA tal y como está.

La otra excepción que se baraja es que estas parcelaciones no se contabilizarán en el PGOU a efectos del porcentaje de crecimiento de población que está permitido en cada municipio en función de su tamaño, para favorecer que ninguna se quede fuera y que no limite el crecimiento normal del municipio.

En lo que no hay dudas ni especulaciones es en que el decreto pone la pelota en mano de los ayuntamientos, que son los que tendrán que hacerse cargo de culminar un proceso que pasará, en todos los casos, por que los propietarios, que se han beneficiado de una vivienda a menor coste al carecer de urbanización y servicios básicos mínimos, asuman de su bolsillo toda inversión necesaria para obtenerlos y la regularización. "No se trata de una norma de punto y final ni supone una regularización indiscriminada, sino una media que permitirá reconocer las distintas situaciones para dotar a las construcciones de un régimen urbanístico acorde y siempre en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", se insiste desde la Junta.

Para Ecologistas en Acción es una amnistía encubierta. "Es el reconocimiento de que el urbanismo ilegal ha sobrepasado a la Junta, que no tiene más remedio que legalizar lo que era ilegalizable, con una norma que se han sacado de la chistera", asevera Pedro Juan González, miembro del colectivo en Sevilla. Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, asegura que el decreto es "electoralista", que se aprueba justo ahora para ganarse el apoyo de los afectados, pero que la Junta no es consciente del lío en el que se mete, en tanto que el reconocimiento de estas parcelaciones supone la exigencia de servicios (colegios, centros de salud, carreteras) que, aunque paguen los afectados, no está en condiciones de asumir. También dudan de que el objetivo de regularizarlas se lleve hasta el final, por la dificultad de poner de acuerdo a tantas personas para que paguen.

Algunos municipios esperan obtener a través de esta vía de la regularización otra fuente de ingresos en estos tiempos difíciles, en función de una población a la que ya atienden de hecho en muchos casos. Otros aseveran que estas casas ya pagan en muchos casos, porque a través del Catastro -que hace una fotografía aérea de las casas para que tributen al margen de su situación legal- se tiene constancia de su existencia.

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