El grupo de trabajo para gestionar la paja del arroz en las marismas del Guadalquivir busca ya medidas y alterantivas que reduzcan el humo ocasionado por la quema de estos residuos, práctica agrícola legal que se aplica en gran parte de los arrozales sevillanos. Hace un mes se constituyó esta mesa y esta semana se ha celebrado una primera reunión técnica, con bastante sintonía, en la que han participado técnicos de los ayuntamientos de Isla Mayor, La Puebla y Coria del Río, Los Palacios y Gelves, además de representantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, la Federación de Arroceros y la plataforma ciudadana que protesta de hace meses por las molestias ocasionadas por las quemas.

Los vecinos, casi 3.000 se han adherido ya a esta lucha, reclaman un compromiso de humos 0. Mientras que los arroceros están convencidos de que hay que mejorar la situación en la próxima campaña haciendo quemas controladas, midiendo la calidad del aire, vientos, revisando la normativa... y empleando todos los medios y técnicas posibles. 

Los responsables de Agricultura han planteado una batería de medidas. Por un lado se centrarán en la calidad del aire, realizando tres mediciones anuales, una propuesta que atiende a las peticiones de los vecinos, que alertan de problemas de salud pública. También se plantean opciones para gestionar de manera más eficiente la cosecha y para que las quemas que se produzcan, que los agricultores insisten en que son necesarias para evitar plagas y enfermedades, estén más controladas. En este sentido, la intención es poder asesorar técnicamente a los agricultores para indicarles la forma, horarios y condiciones en las que quemar los pastos.

Sobre la mesa está también la propuesta para retirar estos residuos y convetirlos en biogás. Al parecer, hay una empresa interesada y se están realizando pruebas para ver qué maquinaria sería necesaria para trabajar en terremos de marismas. 

Y también hay otras vías de trabajo para explotar líneas de ayudas que permitan implantar otras medidas. Igualmente, se ha planteado por parte de los ayuntamientos la necesidad de crear una ley sancionadora por parte de la Junta de Andalucía que tuviera más efecto que los bandos municipales que advierten de las obligaciones de cumplir con las normativas.