Una medida "injusta y desproporcionada". La Junta de Andalucía, una vez emitido el dictamen positivo del Consejo Consultivo, ha comunicado a la empresa de autobuses Los Amarillos que procede a la resolución del contrato de concesión del servicio de transporte público regular interurbano de viajeros que afecta a las líneas que unen Sevilla con Málaga, Chipiona, Ronda o Los Palacios. Hace unas semanas, la Consejería de Fomento y Vivienda le abrió un expediente por "numerosos incumplimientos", que desde la empresa sevillana, con más de 80 años a sus espaldas, calificaron como "menores y puntuales". La resolución del contrato de concesión por la dirección general de Movilidad no es firme, ya que se encuentra en plazo de presentación del correspondiente recurso en la vía administrativa. La empresa lo presentará y en caso de ser desestimado, anuncia que acudirá a los Tribunales.

Según la Junta de Andalucía, la empresa habría cometido una serie de "incumplimientos reiterados" sobre las condiciones de su contrato, motivo por el cual le abrió el expediente "para garantizar un servicio público de calidad". Desde la Consejería aclararon que este expediente se basaba en "numerosos incumplimientos por parte de la empresa, como no tener en regla los permisos necesarios para el desarrollo de la actividad, una calidad deficiente de su flota y alteración o anulación sin autorización ni previo aviso de expediciones, con el consiguiente perjuicio para los usuarios".

Los Amarillos asegura que el volumen de quejas no es superior al de otras empresas

Desde la empresa siempre han negado la gravedad de los hechos que se le imputan por parte de la Administración autonómica, como reiteraron de nuevo ayer a través de un comunicado remitido a este periódico: "Los incumplimientos en que se basa el expediente de resolución de contrato de la dirección general de Movilidad son absolutamente habituales en las empresas concesionarias de transporte público de viajeros por carretera y en ningún caso pueden dar lugar a la resolución del contrato por un procedimiento de urgencia, máxime cuando el servicio se está prestando con normalidad y no existe un riesgo de interrupción del servicio".

La empresa incide en que la mayoría de las quejas que le achaca la Junta de Andalucía provienen básicamente de la línea 134, que une Sevilla con Los Palacios, y señala directamente al alcalde de esta localidad, Juan Manuel Valle, de abanderar la causa para que la Junta de Andalucía acabe con la concesión del servicio a Los Amarillos: "Las quejas por parte de los usuarios del servicio corresponden, en un alto porcentaje, al municipio de Los Palacios, cuyo alcalde lleva años liderando una campaña personal de ataque y desprestigio contra la empresa, pudiéndose destacar que este municipio es el que tiene la mayor oferta de servicios del área metropolitana de Sevilla, con más de 100 expediciones diarias, cifra muy superior a la de otras localidades más próximas a la capital y con más población".

Desde Los Amarillos advierten que el volumen de quejas de los usuarios de sus líneas "no es superior", ni en términos absolutos ni en términos relativos, a las de otras empresas operadoras de transporte público de las áreas metropolitanas de Málaga, Cádiz y Sevilla, donde esta empresa de transporte opera diferentes líneas que suponen la base de su negocio. Precisamente, Los Amarillos lamenta que la retirada de la concesión significaría la práctica segura desaparición de la empresa.

También rebate en su comunicado otra de las deficiencias que se le achacan, como es tener unos vehículos antiguos: "La flota de autobuses de Los Amarillos cumple ampliamente con los requisitos de seguridad, accesibilidad y antigüedad exigidos por la Junta de Andalucía y los Consorcios de Transporte Metropolitano. Los 60 autobuses que componen la flota adscrita por Los Amarillos a la concesión VJA-089 tienen una antigüedad media de sólo seis años".

Finalmente, la empresa incide en la rapidez y la ligereza con la que la Junta ha adoptado una medida que tendrá unas graves consecuencias económicas: "Sin perjuicio de los errores en los que a nuestro entender la resolución administrativa incurre, debe cuestionarse la adopción de una medida de esta envergadura en cuanto a la afectación del interés público se refiere. A sabiendas de que la concesión pierde su vigencia en enero de 2019 la dirección general de Movilidad ha optado por resolver sin tener en cuenta los perjuicios económicos y sociales que pudieran derivarse de obtenerse una resolución judicial firme favorable a la empresa".