Un nuevo escándalo que salpica a la Junta de Andalucía en un momento delicado, en medio de la campaña de las municipales y de los fallidos intentos de investir a Susana Díaz como presidenta. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la denuncia de la empresa Emerita Resources España S.L.U. por delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la concesión para reabrir la mina de Aznalcóllar, ha reprochado a la Junta que no actuara con "el más mínimo rigor" en el proceso para la reapertura de la explotación minera tras el vertido tóxico de 1998. La magistrada Patricia Fernández Franco ha ordenado a la Policía que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asencio, y a los técnicos que intervinieron en el proceso de adjudicación a Minorbis. 

Nada más conocer la resolución judicial, la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, actuó de manera rápida y contundente ordenando a la Consejería de Economía la paralización del proceso de adjudicación, una medida preventiva dado que la presidenta ha defendido que todo el procedimiento ha contado con el control de la Intervención General y los servicios jurídicos. "Ante cualquier sospecha que tenga un juez o impedimiento, haré lo que he hecho", afirmó Díaz, que añadió que "si al final del procedimiento resulta alguna ilegalidad o irregularidad" actuará con contudencia. "No me va a temblar el pulso y seré implacable", agregó. 

La decisión de la presidenta de paralizar el proceso se produjo a pesar de que la Intervención General y los servicios jurídicos hayan avalado la "absoluta legalidad" del concurso, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Junta. 

En el auto judicial, la magistrada subraya que de la información recabada hasta el momento y en particular del atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se desprenden "irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos" denunciados, al no apreciarse que la entidad Minorbis "cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso". 

La juez advierte que frente a los principios que recoge el decreto-ley 9/2013 -que articula los procedimientos para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y en el que se adoptan dos medidas de urgencia para garantizar que la explotación se lleve a cabo por la empresa minera que ofrezca las menores condiciones científicas, técnicas, de seguridad y ambientales, y las mayores ventajas económicas y sociales-, "no se observa, en cambio, el más mínimo rigor en la actuación de la Administración y ello pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998". 

De igual modo, entiende que debe "aclararse la posible vulneración" del artículo 45 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que prevé la suspensión del expediente de tramitación una vez interpuesto el recurso en materia de contratación. 

Por ello, la instructora considera "imprescindible" recibir declaración a las personas responsables de que Minorbis "no fuese excluida en la fase inicial", a pesar de que no cumplía la exigencia de aportar informe expedido por la oficina consular de España en México, sobre la capacidad de obra del Grupo México, y no detallar tampoco el compromiso inverso de las partes asociadas. En este aspecto, la juez tilda de "cuestionable y llamativa" la naturaleza del acuerdo alcanzado entre Minorbis y Grupo México que "no parece exceder de una declaración de buenas intenciones". 

La juez señala asimismo que era necesario cumplir otros requisitos, entre ellos, un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe de 1,5 millones de euros y Minorbis sólo ha suscrito una póliza de responsabilidad civil general. En cuanto al requisito de acreditar el capital social suscrito, la experiencia en trabajos similares y el volumen de negocio, la empresa aporta "simples capturas de pantalla de las webs de grupo México", añade la juez, que explica asimismo que el equipo técnico mínimo recibe la máxima puntuación -diez puntos- por la comisión técnica pese a las "evidentes carencias que presenta, con múltiples documentos no convalidados y evidentes deficiencias cuantitativas y cualitativas". 

Todos estos aspectos llevan a la juez a ordenar a la Policía que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asencio Coto, y a los técnicos de esta dirección, como "responsable de decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación objeto de denuncia, desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, firmando la resolución de adjudicación de 25 de febrero pese al anuncio de un recurso con efectos suspensivos". 

Dice la juez que una vez que los agentes tengan el resultado de esas declaraciones, deben dar traslado al juzgado "a fin de proceder a acordar las diligencias que correspondan". La instructora también considera "imprescindible" identificar para tomarles declaración como testigos a las personas que asistieron a la reunión celebrada el 11 de abril de 2014, en la sede de las oficinas de la denunciantes y en la que se recibe la visita de Mario López Magdaleno. 

Con anterioridad, la juez había solicitado a la Junta el expediente de la adjudicación a la empresa México-Minorbis, liderado por Grupo México y por la andaluza Magtel, de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar, en el marco de la investigación abierta por presunto fraude de subvenciones en esta adjudicación. La instrucción se lleva a cabo tras la denuncia presentada por la empresa Emerita Resources España S.L.U., que atribuye delitos de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias a los responsables de la Mesa de Contratación que llevaron a cabo esta adjudicación pública. 

En la denuncia, Emerita consideraba que la resolución del concurso ha sido "absolutamente irregular y contraria a Derecho".

Magtel asegura que cumple "todos los requisitos administrativos"

La empresa andaluza Magtel, miembros del consorcio Mexico-Minorbis, adjudicataria del concurso internacional para la explotación de la mina de Aznalcóllar, aseguró ayer que "durante el proceso del concurso se han cumplido con todos los requisitos administrativos". Fuentes cercanas a Magtel ratificaron que "durante el proceso han cumplido con todos los requisitos administrativos que se requerían", y añadieron a Europa Press que el consorcio Mexico-Minorbis "ha presentado toda la documentación y ha actuado conforme a la legalidad vigente". La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado en un auto "graves irregularidades" en la adjudicación que realizó la Junta de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto.