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La Junta sanciona con 714.000 euros al mayor vendedor de parcelas ilegales en Las Minas

  • Es la multa de mayor cuantía impuesta en Sevilla por esta práctica y la tercera en lo que va de año · La Consejería ha iniciado contactos con registradores y notarios para atajar estas urbanizaciones "de raíz"

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La Junta ha sancionado con 714.275 euros al principal propietario de los suelos sobre los que se alza la urbanización ilegal de Las Minas de Castilblanco, una de las de mayor extensión de Andalucía y la más grande de Sevilla, por parcelar su finca y vender con posterioridad hasta 777 porciones de terreno a particulares, a pesar de que se trataba de un suelo no urbanizable. Se trata de la multa de mayor cuantía impuesta hasta ahora en Sevilla por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por esta práctica -hay algunas más altas en Málaga- y que llega 30 años después de que el citado propietario iniciara la división, en 1979. En la zona había chalés ilegales desde los años 60.

Fuentes de la Consejería que dirige Juan Espadas explicaron que la infracción administrativa no prescribe pero que, de cualquier manera, las últimas ventas de parcelas que realizó el ahora sancionado se cerraron entre 2004 y 2005, con lo que los hechos son recientes. Teniendo en cuenta que en esta urbanización -varias veces mayor que el núcleo histórico de Castilblanco de los Arroyos- hay unas 1.200 parcelas, es uno de los principales propietarios del terreno original.

Espadas ya ha firmado la sanción y el afectado presentó incluso un recurso de alzada que ha sido rechazado, aunque puede recurrir al contencioso-administrativo. Según el expediente, de las 777 parcelas, 420 fueron vendidas entre 1979 y 1983, con entre 900 y 2.000 metros cuadrados. Otras 357 se vendieron de 1989 a 1995. Las últimas cinco ventas se materializaron entre octubre de 2004 y abril de 2005.

Fue precisamente el año 2005 cuando la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo comenzó a denunciar a los propietarios que habían construido sobre esas y otras parcelas. Hay centenares de procesados en estos momentos y ya se han llevado a cabo algunos derribos tras sentencias que no han sido recurridas. Por no frenar las construcciones ilegales y, supuestamente, cobrar tasas y servicios municipales a los propietarios, está procesado el que fuera alcalde de Castilblanco entre 1979 y 2007, Manuel Ruiz Lucas, de Nueva Izquierda, quien ha defendido que no tenía capacidad para controlar y paralizar las obras, que parte de suelo era urbano y que había 500 chalés cuando llegó a la Alcaldía.

Las fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio apuntaron que la de Castilblanco es la tercera sanción de este tipo que se confirma en Sevilla en lo que va de año por unos hechos similares. Las otras dos se han interpuesto por parcelaciones ilegales realizadas en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la zona conocida como La Motilla y han sido de 99.630 y 208.352 euros, respectivamente, por un total de 26 parcelaciones.

No serán, en cualquier caso, hechos puntuales, según subrayaron las mismas fuentes. Las multas obedecen a la determinación de "actuar, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), contra la raíz del problema de las construcciones ilegales, como son las parcelaciones realizadas sobre suelo no urbanizable que posteriormente son vendidas a particulares para la construcción de una vivienda".

La Dirección General de Inspección ha iniciado incluso una ronda de contactos con los colegios profesionales de registradores de la propiedad y notarios. El objetivo es "establecer una estrategia" para evitar que estas parcelaciones se eleven a escritura pública, como ha ocurrido con bastante frecuencia, y "atajar el problema, de esta forma, en sus primeros pasos".

Estas actuaciones para frenar la construcciones ilegales en suelos rústicos se producen cuando, a la vez, el nuevo alcalde del municipio, Segundo Benítez, está intentando lograr la regularización de al menos una parte de la urbanización, la más cercana a una bolsa de suelo que sí que se declaró urbana en los años 70. En Las Minas, además de propietarios que usan estas construcciones como segunda residencia, hay vecinos que residen desde hace años de forma permanente en la zona, con graves problemas por la falta de servicios.

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