La Justicia obliga a Fomento a adelantar los 493.000 euros para salvar la muralla

El Ministerio de Fomento tendrá que transferir al Ayuntamiento de Marchena o depositar en la Audiencia Nacional para que ésta lo haga los casi 493.000 euros que, en 2011, se comprometió a gastar en la restauración de la muralla almohade del municipio, con el 1% de sus inversiones, que se reservan para recuperación de patrimonio.

Así se ha fijado en un auto de la sección octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal, del 26 de diciembre, en el que se da la razón al Consistorio, que presentó un contencioso contra la decisión de Fomento de no cumplir el acuerdo y que, como medida cautelar, pidió que no se esperara al final del proceso para liberar el dinero. El tribunal considera en ese auto que esa medida está justificada y es "verdaderamente urgente" frenar "el proceso del deterioro en el que se encuentra el conjunto defensivo". En vista de que hay indicios de que el Consistorio tenga razón en su demanda, insta a no esperar al final del pleito para transferirlo, a pesar de que la Abogacía del Estado defendía que se trata de un "adelanto de sentencia" y de que "no se acredita perjuicio".

El auto fue notificado el jueves al Ayuntamiento y, según la información que tiene el alcalde, Juan Antonio Zambrano (PSOE), Fomento tiene un mes desde que lo reciba para aportar la cuantía. El proyecto está redactado, pero hay que sacar un concurso público para adjudicar las obras. Esos 492.874,20 euros son el 75% del coste, el 25% restante lo debe aportar el Consistorio.

De confirmarse esos plazos, las obras podrían arrancar en primavera, para aprovechar el verano, y tienen un plazo de seis meses, según recordó el regidor, quien subrayó que antes de acudir a los tribunales intentaron negociar para que Fomento mantuviera su acuerdo. Ahora, están convencidos de que los tribunales le terminarán dando la razón, en tanto que, como se recoge en el auto sobre las medidas cautelares, la inversión en las murallas de Marchena fue uno de los acuerdos adoptados el 21 de octubre de 2011 por la comisión de colaboración entre los ministerios de Cultura y de Fomento, para la actuación conjunta en el patrimonio histórico español, a través de ese 1% de las inversiones.

Marchena basa su recurso contencioso-administrativo en que se intentó anular el acuerdo de esa comisión con una resolución del secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en marzo de 2013 tras el cambio en el Gobierno de la nación, un órgano incompetente, según considera, que no siguió el procedimiento legalmente establecido, que no lo motivó, defiende, ni dio pie a recurrir la decisión.

"Sólo se nos dijo que el dinero se había gastado en otra cosa y se nos recomendó hacer otro proyecto y acudir a otra convocatoria que, a día de hoy, no ha salido", recordaba Zambrano, en referencia al anuncio del secretario de que el acuerdo de aquella comisión iba a ser objeto de "revisión" y que se firmaría otro "dada la actual coyuntura presupuestaria, con nuevos requisitos y criterios para seleccionar las actuaciones".

El edil subrayó que hay otros 26 municipios en las mismas circunstancias y que la jurisprudencia que existe es la misma que este año ha obligado al Estado a incluir en los presupuestos una ayuda, también a cuenta del 1% de Fomento, que el Gobierno de Aznar aprobó para la reforma de la Basílica de la Macarena y se anuló en la etapa socialista, aunque en ese caso se justificó por tratarse de un bien de titularidad privada, aunque el Tribunal Supremo valoró que está declarado como de Interés Cultural.

El proyecto incluye labores de restauración en cuatro lienzos de muralla y cinco torres de un tamo de 132 metros. Cuando se aprobó la inversión, el propio Fomento explicaba, en la nota de prensa que envió, que el "estado de conservación" del conjunto era ya "muy malo", "con importantes grietas y fisuras y situaciones serias de desplome" además de una "importante erosión de su superficie". Esos problemas se han agravado sobre todo con las lluvias.