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El PP alerta de que la Diputación "está dejando morir" la residencia de mayores de Marchena

  • Los costes aumentan porque baja el número de residentes y está sin director desde abril

  • La Diputación defiende que hay inversiones en marcha y que está buscando también concertar plazas con la Junta

La residencia La Milagrosa de Marchena, de la Diputación, durante las tareas de desinfección que llevaron a cabo los bomberos en el primer estado de alarma.

La residencia La Milagrosa de Marchena, de la Diputación, durante las tareas de desinfección que llevaron a cabo los bomberos en el primer estado de alarma. / M. G.

El PP de la Diputación de Sevilla ha denunciado este jueves la gestión en la residencia de mayores La Milagrosa de Marchena que, según cree, "se está dejando morir”.

Según las diputadas María Eugenia Moreno y María Helena Romero, acumula años de “dejadez”. Una auditoría de 2017 recogía que el coste por usuario era de 150.292,25 euros, con sólo 26 residentes cuando hay 37 plazas. En 2020 y según las cuentas generales, aumentó a 179.394,81 euros y la cifra de usuarios bajó a los 20.

El informe del interventor avisó de la “importante desproporción” entre el “rendimiento obtenido por su prestación y el coste de los servicios públicos”. Las diputadas han recordado que, entonces, Villalobos mostró su “preocupación”, señaló que había que optimizar las ratios de eficiencia con una adecuada planificación y gestión, manteniendo la calidad de los servicios que se prestan, y anunció otra auditoría de la que, según el PP, no tienen constancia. 

El PP ha denunciado además que el centro está sin director desde el 1 de abril y que hay una "falta de voluntad política y de convencimiento en el futuro de la residencia” de la que también alertan los sindicatos.

El gobierno lamenta que se intente "crear alarma social"

Por su parte, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, que ha lamentado que se intente crear "alarma social con un tema tan sensible", ha destacado que se ha encargado un estudio económico a una empresa externa, cuya entrega es inminente.

En cualquier caso, ha recordado que el coste económico de un centro como este es muy alto, por el servicio que se presta y con ratios profesionales, recursos y servicios muy exigentes. "Tanto los efectos del Covid como los nuevos modelos de atención a personas mayores están propiciando otros tipos de recursos como viviendas tuteladas y otras prestaciones de permanencia en su entorno más cercano y redes familiares", ha indicado.

Pese a todo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad a los trabajadores y a la población". "Estamos pendientes de ejecutar obras, acreditar al centro para que podamos así firmar un convenio de financiación y entrar en el circuito de ingresos residenciales de la Ley de Dependencia", ha defendido.

Según ha precisado, la residencia tenía 68 plazas, pero la normativa obligó a suprimir dormitorios dobles y se quedó en 37. Ahora sólo hay 16 residentes, pero durante lo peor de la pandemia acogió a usuarios de la contigua residencia de la Junta, a petición de ésta y por el procedimiento de urgencia.

Está en marcha un proceso de acreditación a nueva normativa, con obras en las que se van a invertir 117.370 euros del Plan Supera 7. 

La plantilla está compuesta por 50 profesionales, dentro de la ratio. El puesto de dirección se encuentra en proceso de cobertura en comisión de servicio y se ha firmado un nuevo calendario laboral con las organizaciones sindicales para adecuar la plantilla a la realidad del número de plazas, turnos y puestos en distintas categorías que exige la normativa.

También hay una una propuesta de revisión de la ordenanza de los precios en trámite y se ha solicitado la firma de un convenio o concierto con la Consejería de Igualdad. En julio los grupos políticos tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones y comprobar el estado de la misma, ha recordado el gobierno socialista.

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