La diputada provincial del PP Virginia Pérez calificó ayer la política de recursos humanos de la Diputación como un "coladero", un "caos desde hace más de 30 años que gobierna el Partido Socialista". El grupo popular de la Diputación Provincial se manifiesta preocupado por el "oscurantismo" con el que se topa en cuanto intenta indagar sobre cómo se realizan las contrataciones, tanto en las empresas públicas como en organismos autónomos de la Diputación, y cómo es el acceso a la función pública por parte de la Administración.

La semana pasada el grupo popular mantuvo un encuentro con todos los sindicatos, excepto con UGT, con quien lo hará en septiembre. Se reunieron para poner cuestiones en común sobre la política de recursos humanos de la Administración provincial, ya que consideran que "en la Diputación pasa absolutamente de todo".

La Diputación de Sevilla cuenta con 1.900 trabajadores entre personal funcionario y laboral. De los 1.900 hay 300 vacantes a día de hoy. El grupo popular se alarma al comprobar que aunque hay 300 vacantes entre esos puestos de trabajo, "el último concurso para funcionarios fue en el 93 y de personal laboral en el 98". A juicio del grupo popular estas plazas "se han ido cubriendo de distintas formas sin ningún tipo de criterio que aporte sentido común", haciendo referencia la escasa selección bajo criterios de méritos y capacidades.

Hace un par de semanas el portavoz del grupo popular de la diputación, Eloy Carmona, denunció que "existen contratos de alta dirección y de puestos gerentes en las empresas públicas, que podrían ser fraudulentos". Según el grupo popular esto sucede en casos como el de la empresa Sevilla Activa con el alcalde de Constantina, Martínez Pérez, o también el del alcalde de Morón o la alcaldesa de Osuna, que poseen también contratos dentro de la Diputación. Virginia Pérez explicó que los contratos de estos alcaldes en la Diputación son de 37 horas y media laborables y que poseen "importantes sueldos". Pero que cuando consultan en el estatuto básico del empleado público, descubren que esos contratos "no se cumplen": "Es imposible que puedan atender a sus municipios. O se dedican a ser alcaldes de sus pueblos o a la gestión de la empresa pública que le corresponda".

Por ello, califica de "coladero" la política de contratación del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y exige que se cumpla la ley que obliga a que en estos procesos de selección reine la "publicidad y concurrencia", ya que según el grupo popular, "al final están siendo adjudicados a dedo a políticos del PSOE".

Por otro lado, el grupo realizó ayer una demanda de información a la Diputación, para conocer la relación de la plantilla nominativa con una valoración de los puestos de trabajo. Informe que, según Virginia Pérez, "por ley tienen que facilitar y aún no lo hemos recibido ni la oposición, ni los sindicatos". "Estamos convencidos de que ese oscurantismo tiene que ver mucho con el tipo de contratación", apuntó. El grupo confía en que cuando se conozca ese listado saldrán a la luz datos esclarecedores, ya que "por algo no se comunican esos datos".