Un grupo de personas se ha concentrado la mañana de este lunes en Castilblanco de los Arroyos, en protesta por el desahucio de Silvia Núñez, una mujer de 33 años con discapacidad y madre de tres hijos. Esta joven ocupó en 2018, después de quedarse en paro y en una precaria situación económica, una vivienda propiedad del Ayuntamiento, que estaba abandonada y en desuso y que era utilizada por jóvenes del pueblo para hacer botellonas. Adecentó la vivienda y le hizo incluso un seguro de responsabilidad civil. No se niega a pagar un alquiler social por el tiempo necesario mientras el Ayuntamiento le da uso a esa vivienda. 

El Consistorio de Castilblanco, que preside el socialista José Manuel Carballar, denunció a la ocupa y ganó el juicio. En la mañana de este lunes se ha celebrado el lanzamiento de la familia, que ha tenido que abandonar la casa. La mujer está dispuesta a acampar en la puerta del Ayuntamiento para solicitar una solución o una alternativa negociada, ya que los servicios sociales no la han atendido. 

Fuentes próximas a la joven creen que hay un trasfondo político en el caso, puesto que la familia ha estado recibiendo ayuda de la oposición, en concreto de Nueva Izquierda (NIVA) e Izquierda Unida (IU). En la concentración de este lunes estuvieron presentes el coordinador provincial de IU en Sevilla, Manuel Lay, y el abogado que se ha hecho cargo del caso recientemente, Francisco Tejado Vaca. Durante el desalojo se han vivido momentos de cierta tensión, ya que la Guardia Civil identificó a varias personas que hacían fotos del mismo. 

La protesta en la puerta de la casa.

El letrado que representa a Silvia Núñez ha solicitado una solución digna para esta mujer y ha lamentado que la casa se vaya a tapiar y vuelva a quedar sin uso, dejando en la calle a una familia que la había adecentado. Silvia Núñez tiene reconocido un grado de discapacidad del 40% y tiene tres hijos, de 11, 6 y tres años. El mayor tiene diagnosticado el síndrome de Asperger. 

"El más pequeño entró en la casa cuando ni siquiera andaba. La casa estaba abandonada y yo no me niego a pagar un alquiler social. No le he quitado su vivienda a nadie", apuntaba Silvia, presa de un fuerte ataque de ansiedad tras el desahucio. El caso ha sido llevado ante el Defensor del Pueblo Andaluz.