Una pareja de La Puebla de los Infantes, Cristina Durán y Martín Barrientos, ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz el problema que padecen en su casa, cuya construcción lleva más de tres años paralizada y precintada por orden del Ayuntamiento. En el escrito presentado ante el departamento que preside Jesús Maeztu, la pareja recuerda que presentó ante el Ayuntamiento la solicitud para que se desprecintara la obra el 2 de agosto. Tres meses después, "resulta tiempo y plazo más que suficiente para dar respuesta a la solicitud, siendo el tema a tratar de suma importancia para los interesados".

Durán y Barrientos destacan que el Ayuntamiento no tiene "el mismo grado de interés" y recuerdan que el problema viene arrastrando desde julio de 2019, cuando se solicitó la licencia de obras de la construcción. Ambos jóvenes comenzaron a levantar su casa con un permiso de nave agrícola, siguiendo las directrices del Consistorio. Tras una denuncia, la Policía Local inmovilizó la construcción el 9 de junio de 2020. Desde entonces, han cumplimentado todos los trámites para levantar legalmente una vivienda, con la consiguiente inversión en diferentes informes y documentación.

A pesar de ello, el Ayuntamiento sigue sin desprecintarles la obra. La pareja alega que el Consistorio hace referencia a una ley obsoleta y que el mantenimiento del precinto ha supuesto el abandono de la construcción "en unas condiciones de salubridad y seguridad pésimas, contribuyendo a la afluencia de especies carroñeras y destrozando tanto la construcción como el cultivo ubicado en la finca, lo que implica una lesión económica importante".

La solicitud presentada el 2 de agosto, añaden los afectados, se acordó en una reunión con el alcalde, el socialista José María Rodríguez, mantenida el día anterior, en presencia del arquitecto municipal, la secretaria-interventora y el ingeniero agrónomo contratado por ellos para garantizar que la propiedad no afectaba a una vía pecuaria. Según ellos, el alcalde se comprometió al desprecintado, "hecho que después no se ha producido, incumpliendo una vez más su palabra".

El caso está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 3 de Lora del Río, a cuya disposición se han puesto los afectados para "todo lo que precise". La pareja recuerda que el alcalde los invitó a comprar la finca vecina a la parcela afectada, "suponiendo esta adquisición la solución al problema de ilegalidad que nos ocupa, así como el visto bueno a las obras realizadas". La compra se produjo, sin que de momento haya solución alguna.