La Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Estepa Sierra Sur barajó, como opción alternativa al concurso de acreedores que finalmente va a presentar, suscribir un "convenio de colaboración" con el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, el ente en el que se investigan los contratos que el secretario y el jefe de planta del mismo firmaron, supuestamente, con empresas vinculadas a sus familias.

Así consta en una de las actas que se aprobaron en la junta general del pasado jueves, correspondiente a otra asamblea general que se celebró el 11 de abril de 2019. En la misma, a la que ha tenido acceso este periódico, ya aparece reflejado que se estudiaba el concurso de acreedores, pero también se habla de un "plan de viabilidad" que pasaría por un acuerdo con el Consorcio de Medio Ambiente. 

Para abordarlo, a la reunión asistieron el entonces presidente, Basilio Carrión (alcalde de Casariche y que ha ya declarado ante el juez como investigado, aunque ha dicho desconocer las irregularidades y los detalles de los contratos) y el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas, investigado por haber beneficiado, supuestamente, a empresas de familiares con los contratos.

Según se extrae del acta de la reunión de la ADR, el plan de viabilidad pasaría por suscribir "un convenio de colaboración financiera con dicho consorcio, para sufragar los gastos de personal y de funcionamiento y para constitución del aval a favor de la Hacienda Pública Autonómica", según un acuerdo tomado en una asamblea anterior, a la que se hace referencia.

No obstante, todo quedó a expensas de que el secretario accidental de la asociación enviara una carta formal al consorcio solicitando qué documentación sería necesaria para firmar un convenio de ese tipo.

El entonces alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, y varios representantes del sector privado intervinieron para "solicitar del Consorcio un informe cotejado por la secretario del mismo donde se exponga la viabilidad y la conformidad jurídica; legalidad de dicho plan", se recoge. Asimismo, se plantearon dudas sobre los municipios que están en la Asociación de Desarrollo Rural pero no en el Consorcio de Medio Ambiente.

Por otra parte, en el acta que firma Juan Manuel Heredia, presidente de la asociación, también se recoge la idea de establecer una "cuota de aportación de los asociados para atender gastos" y la posibilidad de que ésta sea de unos 1.500 euros al año para cada uno, "pero al final no hay conformidad al respecto y se deja sin efecto".

En las declaraciones con las que el PP denunció que el PSOE "intenta enterrar otro chiringuito" con la quiebra de la asociación, había advertido de posibles conexiones entre ésta, que no logró acreditarse para gestionar las ayudas del nuevo marco europeo en 2017, y el consorcio de gestión de residuos.