La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha garantizado este martes que el Ejecutivo andaluz no va a poner "ningún problema formal" para alcanzar un acuerdo que permita evitar retrasos en la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y ha dejado claro que "si al final lo que plantea el Gobierno es que debe ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la apertura, lo voy a aceptar" sin esgrimir que el Estatuto de Autonomía "avala nuestra decisión, que podría hacerlo".

Díaz se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad sevillana de Olivares, después de que la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, haya confirmado que el Estado registrará este martes el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por la Junta. Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo andaluz ha pedido que "cuanto antes el Gobierno de España se siente a hablar con la Junta para buscar una solución" y ha confiado en que el conflicto pueda quedar "resuelto en esta misma semana" con una solución "que no suponga un retraso" en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que afecta a más de 1.300 familias de la comarca.

Carmen Crespo ha celebrado este martes una reunión con el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, y el secretario general de CCOO en la provincia de Sevilla, Alfonso Vidán, a cuenta de la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Ley promovido por la Junta de Andalucía con "los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar".

Mientras el citado decreto Ley de la Junta de Andalucía parte del "problema estructural del desempleo" en Andalucía y la necesidad de "aprovechar las reservas de la mina de Aznalcóllar" como "fuente de empleo y de riqueza", Carmen Crespo ha defendido que la Administración autonómica ha "vulnerado las competencias estatales" con este decreto Ley. En ese sentido, ha argumentado que la Ley de Minas de 1973 y dos reales decretos Ley que se remontan a 1981 y 1982 "dicen que la Junta debería haber informado al Estado con carácter previo" a promover esta iniciativa y que "la reserva de suelo para la minería es una competencia estatal". "No hay más remedio que hacer este recurso", ha dicho incluso la delegada del Gobierno central en Andalucía, precisando eso sí que el decreto andaluz que orquesta la reapertura de la mina de Aznalcóllar no cuenta con las debidas "garantías" jurídicas por los motivos ya descritos y, a tal efecto, es susceptible de ser recurrido "por terceros" ocasionando "un importante conflicto jurídico" y un "callejón sin salida" para este proyecto.

Al respecto, ha manifestado que las administraciones central y autonómica "quieren entenderse" y ambas cuentan con "voluntad" para encontrar una "fórmula" que solucione el asunto y propicie finalmente la reapertura efectiva de la famosa mina, extremo al que ella misma ha manifestado su apoyo. Preguntada sobre la demora que afronta ahora el proyecto, Carmen Crespo ha manifestado que no espera que la iniciativa sufra "tanto" retraso como uno o dos años, si bien ha admitido que no puede precisar plazos concretos. "Esperemos que los plazos no se dilaten", ha enfatizado.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Carbonero, ha reconocido este martes la "voluntad" de los gobiernos central y autonómico a la hora de buscar una solución jurídica y administrativa que permita reabrir la mina. Carbonero explica que CCOO va a "esperar" el resultado de las negociaciones entre ambas partes antes de emprender movilizaciones, pero pide que "la voluntad esté por encima de las razones técnicas, porque las razones técnicas son subsanables".