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Seis ayuntamientos sevillanos siguen acumulando retraso de nóminas

  • Los Palacios, Huévar, Umbrete, Montellano, Carrión y Estepa deben mensualidades completas Los impagos de prestaciones sociales de los convenios se han generalizado

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Los ajustes a los que los alcaldes han sometido a los ayuntamientos, conscientes de que los ingresos no volverán a ser lo que eran, o forzados por el Ejecutivo del PP y sus decretos para reducir el déficit en las administraciones, no han servido del todo para acabar con la amenaza de los impagos al personal. Hay al menos seis ayuntamientos sevillanos (Huévar, Los Palacios, Carrión , Umbrete, Estepa y Montellano) que adeudan nóminas a su plantilla y otros dos que, de forma más o menos expresa, han reconocido en las mesas de negociación con los sindicatos que habrá despidos de forma inminente: Estepa y Brenes. A los impagos de nóminas se unen el retraso en el cobro de prestaciones sociales recogidas en los convenios de personal, que en muchos casos los afectados ni siquiera reclaman con contundencia, conscientes de la situación precaria de las arcas públicas.

En la mayoría de los municipios en los que se siguen dando esos problemas de liquidez la situación es casi crónica. En Huévar del Aljarafe se deben dos nóminas de este año, pero otras seis de 2010. En Los Palacios, cobraron el mes de mayo el pasado jueves, pero se debe el mes de junio, parte de abril, el de enero y la paga extra a los funcionarios. En Umbrete se adeudan tres nóminas. En Carrión de los Céspedes, la nómina de junio. En Estepa, desde el inicio del mandato se va cobrando de forma fraccionada, en mitad del mes y todavía se debe junio. En Montellano sólo han cobrado las tres primeras nóminas de 2013.

Juan Clemente, del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, admite que los planes de ajuste y expedientes de regulación de empleo que se han llevado a cabo han disipado la amenaza de impagos en otros consisitorios. Desde su perspectiva, el problema de los impagos tiende a estabilizarse, salvo en ayuntamientos en los que la deuda que se arrastra es tan alta -Los Palacios suma casi 70 millones que pueden aumentar y Huévar debe cerca de ocho sólo a la Seguridad Social y tiene retenidos los ingresos que le corresponden el Estado- que deja poco margen de maniobra. Eso sí, los despidos de personal están teniendo una clara repercusión en los servicios que reciben los ciudadanos, que han mermado.

El responsable provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Limón, es más pesimista sobre lo que puede ocurrir en los próximos años. Cree que los impagos "van a ir a peor", por varias razones. Los ayuntamientos sólo están pagando ahora los intereseses de los créditos que suscribieron por el plan de pago a proveedores, que tenían dos años de carencia. A partir de 2014, comenzarán con el principal y las cantidades se multiplicarán mermando la liquidez. Pese a que esa progresión se debía haber previsto en los planes de ajuste que diseñaron y visó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, muchos alcaldes no las tienen todas consigo. A ello se une el nuevo plan de provedores o el decreto de ayudas para ayuntamientos con especial dificultad que el Ministerio de Hacienda publicó a finales de junio y la propia reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que se está planteando.

Rafael Moreno (PSOE), alcalde de Huévar del Aljarafe, uno de los ayuntamientos más morosos con su personal, ha confirmado que se acogerá a ese decreto de medidas para ayuntamientos con especial dificultad, pensado para los que tienen retenido por sus deudas la mayor parte de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado). Por eso, va a retrasar el último plan de saneamiento que le había elaborado la Diputación y que, según explica, conllevaría reducir entre un 25% y 30% el capítulo de personal. El Ayuntamiento de 2.700 vecinos lleva años resistiéndose a despedir en una plantilla que es ahora, oficialmente, de 160 personas.

Moreno -asesor en la Diputación y presidente de la Mancomunidad de Residuos del Gaudalquivir- está convencido de que ese rescate, que conlleva que puedan disponer de los ingresos del Estado que ahora tiene retenidos, le permitirá solventar los problemas de liquidez, aunque supondrá también exigiencias muy duras y seguimiento estatal.

Huévar no sólo debe seis nóminas de 2010 y las dos últimas de este año, sino 7,7 millones de euros por la Seguridad Social de su personal -son 2.723 euros por cada uno de sus vecinos- que se unen a una deuda bancaria de 2,3 millones -845 euros más por vecino- . Con este panorama, desde el comité de empresa -que pese a la situación ha obtenido poca respuesta a las movilizaciones que ha promovide- se advierte que los impagos de 2010, cuando estuvieron ocho meses sin cobrar, pueden repetirse y que hay trabajadores que se resistieron a renovar la reclamación de la deuda por el Registro municipal y que, incluso, podrían peder ese dinero al prescribir la obligación.

En Los Palacios -cuyo alcalde, Juan Manuel Valle (IU), está reclamando activamente que se cumpla el plan de rescate con medidas excepcionales para los ayuntamientos andaluces que están en una situación más extrema- el personal también se está habituando a los retrasos en el pago de nóminas. En vísperas de Navidad, se abortó en el último momento una protesta después de acumularan cuatro meses sin cobrar. En lo que va de año y hasta que el jueves se ingresó la nómina de mayo, el personal había cobrado prácticamente la mitad de lo previsto: dos nóminas y el 70% de otra. "Me están limitando mi forma de vivir por la mala gestión de los que estuvieron y los que están", se lamentaba un policía local del Sppme, sin que sea fácil tampoco -no lo es en ningún ayuntamiento, en los que suelen ser frecuentes los contratos adscritos a programas y en los que, al final, los funcionarios son minoría- las movilizaciones.

En Montellano están como han estado en Los Palacios hasta hace dos días: sólo han cobrado tres nóminas de seis en lo que va de 2013 y, en esta semana, sí que han emprendido una campaña de colocación de pancartas y de denuncias en prensa sobre su situación. El alcalde de IU les ha contestado en un bando hablándoles, de nuevo, de la herencia, de que el anterior gobierno local socialista también pagaba nóminas con retraso desde 2009, que cogieron un ayuntamiento con un 127% de deuda, con 11 millones entre bancos y proveedores y que no puede desatender otros servicios que da al resto de vecinos y que, al menos, sus trabajadores cobran algo todos los meses: en junio les pagó la nómina de marzo, por ejemplo.

En Carrión de los Céspedes, donde no se adeuda tanto, el gobierno local de IU anunció su dimisión incluso para llamar la atención sobre la necesidad de un rescate porque, tal y como están las cosas, no puede hacer frente a sus gastos, entre ellos, la nómina de retraso que acumula. Es uno de los que tiene retenido, también, el 50% de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) y, por tanto, podría ser susceptible de ese nuevo plan que publicó el Ejecutivo.

En el Ayuntamiento de Umbrete (PSOE), donde se llegaron a acumular cinco nóminas impagadas en 2012, se adeudan las de abril, mayo y junio de este año, aunque en los dos últimos meses la plantilla ha cobrado dos cada vez, por otras tantas atrasadas y el alcalde, Joaquín Fernández Garro, ha venido defendiendo que tras las medidas y los despidos que se llevaron a acabo en 2012 la situación tiende a normalizarse.

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