Los grupos de la oposición en la Diputación tienen ya el proyecto de presupuestos elaborado por el gobierno socialista para 2017. Se debatirá el 24 de noviembre en el Pleno. Es el número 11 con Fernando Rodríguez Villalobos de presidente, el sexto desde que la crisis y las medidas de control impuestas a la administración local marcaron un punto de inflexión. Así, están condicionados por la Ley de Sostenibilidad Financiera y el techo de gasto (porcentaje máximo para aumentar el gasto no financiero) que hacen que de 424 millones (un 1,73% más que este año) de presupuesto consolidado, sólo se puedan gastar libremente 276 millones, el 65%.

La cantidad restante irá a esas otras fórmulas -a través del Opaef o del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables- ideadas para que el dinero no esté inmovilizado en los bancos, sino que circule como préstamos. Éstos se han convertido en esenciales para los ayuntamientos. Se estima que por distintas vías, en 2017, se les inyectarán 141 millones, un dinero que tendrán que ir devolviendo. El reto es hallar la fórmula para que todos los municipios puedan beneficiarse, pese a no cumplir las condiciones que fija el Estado.

A esos 424 millones de presupuesto consolidado, se suman casi 14 millones más de entes y organismos autónomos. La Casa de la Provincia, Inpro (Informática Provincial) y Sevilla Activa, se mantienen, con 895.525 euros; 6,3 millones y 2,93 millones, respectivamente. Aumentan sus partidas el Opaef (un 15,9% más, por la incorporación de Alcalá de Guadaíra y las devoluciones del FEAR); y Prodetur, de promoción y turismo, que contará con 11 millones, un 15,22% más, por la segunda anualidad del programa Praxis y la ejecución de la sentencia a favor de los agentes de promoción económica, entre otras cosas.

Es llamativo que el gasto de personal, según datos de la Diputación, crezca más que la media, en un 3,69%. El gobierno lo atribuye al "esfuerzo" para aumentar los bomberos funcionarios, uno de los aspectos que marcarán las novedades en la gestión en 2017. Y se vuelve a incluir una partida para la Oferta Pública de Empleo. Ya se reservaron 600.000 euros este año que no se han materializado de momento, aunque ahora es más urgente: hay que sacar unas 80 plazas a promoción interna para corregir aspectos pendientes del informe de la Cámara de Cuentas.

Las inversiones (53,4 millones) suponen un 11,81% más que en 2016. Pero por segundo año no hay plan provincial para infraestrutura local, una de las históricas patas del presupuesto, porque tanto el Estado como la Junta dejaron de aportar dinero y la Diputación no puede mantenerlo. La alternativa ha sido en estos años el Plan Supera, inversiones que se hacen con el superávit -previa autorización del Estado y porque la Diputación está saneada-, con un dinero que de otra forma tendría que ir a saldar deuda bancaria. Pero está en el aire, porque antes deben aprobarse los Presupuestos del Estado y autorizarse. Para calibrar su importancia, basta recordar que con el superávit de 2015 hay inversiones en marcha en la provincia por 41,5 millones y la cifra va en ascenso cada año. A amortizar la escasa deuda bancaria de la Diputación irán 6,2 millones en 2017.

El gobierno insiste en que los objetivos del presupuesto no han variado: en primer lugar sitúa el apoyo a los ayuntamientos; el mantenimiento de las políticas sociales, en sentido amplio y a las que se destinan 6 de cada 10 euros de ese gasto no financiero del que puede disponer; y el sostenimiento del empleo, junto al incremento de la inversión pública.

El presupuesto incluye, además, 1,6 millones para pagar a los monitores culturales y deportivos y agentes de dinamización juventil de los pueblos, un millón para puntos de información a la mujer y 5 millones para un nuevo Plan de Urgencia Municipal (PUM), dinero que se transfiere a los ayuntamientos para contratar a personas en riesgo social.