El colectivo de Bomberos interinos de la Diputación que está afectado por la anulación del primer examen de las oposiciones para cubrir 61 plazas de funcionarios ha asegurado que la Fiscalía de Sevilla archivó en julio la denuncia presentada por las sospechas de filtración y por las que llegaron a abrir diligencias, el pasado mes de marzo.

En un comunicado, el grupo recuerda que en estas circunstancias la Diputación debe dar por válido ese examen, que se anuló tras las dudas manifestadas por miembros del tribunal y por la empresa especializada que se contrató para la corrección, que alertaron de que había podido producirse una filtración, por la coincidencia de las respuestas fundamentalmente entre el colectivo de interinos.

“La determinación de suspensión se tomó en base a sospechas”, recuerda el colectivo, que destaca que la denuncia penal que presentaron tres miembros del tribunal (el presidente, el secretario y un vocal) ha sido “desaprobada por la Fiscalía”. 

En su nota, el grupo insiste en que “hay sobrados fundamentos para continuar con la oposición”. “Está demostrado que el tribunal siguió escrupulosamente el procedimiento reglamentario”, señalan. Así, reclaman que los resultados de la prueba que se anuló, y a la que se presentó más de un millar de aspirantes por el turno libre, sean validados.

El colectivo ya presentó, de hecho, un recurso contencioso-administrativo contra la decisión inicial de la Diputación de repetir con urgencia el examen, dada la necesidad de cubrir estas plazas. Aunque el juzgado no aceptó las medidas cautelares que pidieron los bomberos, el Gobierno decidió tras ello dejar en suspenso también esta segunda prueba.

El juicio por este contencioso está fijado para el próximo miércoles, día 10 de octubre, aunque los bomberos insisten en que no tiene por qué celebrarse si la Diputación acepta continuar con el proceso de selección como arrancó inicialmente.   

Por otro lado, los Bomberos están estudiando demandar a las personas que denunciaron la supuesta filtración por lo ocurrido.

La decisión de paralizar las oposiciones se tomó después de que la empresa especializada que asesora en la corrección confirmara las sospechas de las que, previamente, el secretario y el presidente del tribunal –un habilitado nacional y el subjefe de Recursos Humanos– alertaron en un escrito dirigido al presidente. Pese a todo, estos responsables explicaron que el contenido de las preguntas del examen estuvo en todo momento bajo su custodia o guardado bajo llave y vigilancia de un agente de seguridad de la institución.