La juez Mercedes Alaya, que dirige la denominada operación Madeja contra la presunta corrupción en las contrataciones públicas en el Ayuntamiento de Sevilla en la etapa en la que gobernaba Alfredo Sánchez Monteseirín, atribuye al ex asesor del regidor y ex director del área municipal de Vía Pública Domingo Enrique Castaño un enriquecimiento patrimonial "injustificado" que la instructora cuantifica en más de 303.000 euros, según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación.

La instructora ordenó en la madrugada del pasado viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Domingo Enrique Castaño, después de que éste se acogiera a su derecho constitucional a no declarar. La juez, que acabó la ronda de declaraciones de madrugada, atribuye al ex responsable municipal delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. En el auto, según las fuentes consultadas, la magistrada atribuye un presunto enriquecimiento patrimonial del ex asesor del grupo municipal socialista de más de 303.000 euros y señala que este enriquecimiento se habría producido en sólo seis años, en el período comprendido entre 2005 y 2011. Además de decretar su ingreso en prisión, la juez Alaya impuso a Castaño, que ya ha pasado su primera noche en la cárcel de Sevilla-I, una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su imputación en este proceso, segunda que recibe el ex asesor del alcalde, que también está imputado en la causa abierta por la supuesta adjudicación fraudulenta de los suelos de Mercasevilla.

La fuerte fianza civil que fijó la instructora contrasta con los 360.000 euros que solicitó la Fiscalía de Sevilla, única parte personada en el proceso al estar declarada secreta la investigación y que fue la que solicitó el ingreso en prisión sin fianza del ex asesor municipal.

Domingo Enrique Castaño, que entró en el Ayuntamiento de Sevilla en 1999 como asesor del grupo socialista, ocupó el cargo de director de Vía Pública entre 2003 y 2007, periodo en el que se habrían adjudicado numerosos contratos a la empresa Fitonovo, cuyo presidente, Rafael González Palomo, aseguró en su declaración ante la juez que entregó en 2005 ó 2006 un sobre con 30.000 euros a Castaño, dinero que, según confesó, le dijeron que "era para el PSOE", lo que abre la vía a Alaya para investigar una presunta financiación ilegal del partido socialista.

La mujer de Castaño, Ana María Vaquero Salguero, también se acogió a su derecho a no declarar y está imputada por tres delitos -cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales-, aunque en este caso la instructora decidió que quedase en libertad sin fianza, al igual que ocurrió con los dos empresarios detenidos.

Alaya investiga en esta nueva causa delitos de cohecho y blanqueo de capitales en relación con los pagos y dádivas que Castaño habría recibido presuntamente de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos municipales durante el tiempo que fue responsable de este departamento.

El presidente de Fitonovo, Rafael González Palomo, reveló a la instructora una vía para la supuesta financiación ilegal del PSOE, al reconocer en su declaración que en 2005 ó 2006 entregó un sobre con 30.000 euros al ex asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. El dinero, según ha confesado este empresario, "le dijeron que era para el PSOE".

El contratista, que en su declaración le dijo a la juez que había contado todo lo que sabía del caso, también reconoció que entregó siete teléfonos de última generación (de la marca Nokia) a Castaño para que éste los repartiera, si bien las fuentes consultadas no han precisado quienes serían los destinatarios de esos móviles.

Estas revelaciones las realizó el empresario en su declaración ante la Guardia Civil y las ratificó en su comparecencia ante la juez, a la que dijo además que ese dinero lo entregó a cambio de nada, porque los contratos de su empresa con el Consistorio ya estaban adjudicados. La juez también investiga si Castaño recibió de esta empresa un regalo consistente en un vehículo de alta gama de la marca Audi.

Tras la declaración de este empresario y del ex administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo, que también quedó en libertad sin fianza, comparecieron ante la juez los otros dos imputados en el causa que no fueron arrestados por la Guardia Civil: la mujer del empresario de Fitonovo, Pilar Baró, y el responsable de una gestoría que estaba contratada por dicha sociedad, Francisco Orozco.

Domingo Enrique Castaño, tras su salida del Ayuntamiento, en el año 2007, estuvo trabajando para la empresa Desarrollo Urbanísticos de Sevilla Este (Duse), vinculada al grupo Sando, cuya filial Sanma fue adjudicataria del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla que la juez Alaya investiga en otra causa diferente, al estimar que esa adjudicación fue "fraudulenta e ilegal" y que se establecieron dos cláusulas en el concurso para beneficiar a la empresa que ganó dicho concurso.

La nueva investigación constituye una pieza separada que deriva de la causa de los suelos de Mercasevilla, en la que se intenta esclarecer un supuesto cohecho por parte de Castaño en su etapa al frente del área de Vía Pública del Ayuntamiento y que estaría relacionada con la adjudicación de contratos a estas empresas a cambio de supuestas dádivas. En el curso de las investigaciones, que se iniciaron después de Alaya ordenara en julio de 2012 indagar el posible "enriquecimiento sospechoso" de Domingo Enrique Castaño, se habrían detectado supuestamente importantes ingresos procedentes de las empresas adjudicatarias en las cuentas del ex asesor de Monteseirín, lo que constituirían esos indicios de presunto soborno.

Fitonovo ha sido en los últimos años uno de los principales contratistas del Ayuntamiento, aunque en la actualidad también mantiene un importante nivel de negocio con el Consistorio que ahora gobierna el PP.