La juez Mercedes Alaya ha levantado este viernes el secreto de sumario de la operación Madeja, 17 meses después de iniciar las investigaciones de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos municipales. El secreto de sumario pesaba sobre las investigaciones desde julio de 2013. Según fuentes judiciales, el documento constan de 21 tomos y en torno a unos 10.000 folios. 

En mayo pasado, Alaya levantó parcialmente el secreto de la parte que afectaba al ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero. Según la Guardia Civil, Domingo Enrique Castaño y su esposa incrementaron su patrimonio personal en 811.396,68 euros en sólo siete años, entre 2005 y 2012, pero de esta cantidad únicamente aparecen justificados ingresos por importe de 531.209,83 euros, a los que habría que descontar otros 131.028,71 euros de gastos conocidos en el mismo periodo.

La conclusión a la que llegan los investigadores es que los restantes 400.181,12 euros se corresponden con pagos en efectivo sin justificar que "pudieran proceder de comisiones ilegales". Ese incremento patrimonial, según la UCO, parece tener una "relación directa con los cargos y puestos desempeñados por Domingo Enrique Castaño tanto en el Ayuntamiento como en Mercasevilla".

Como continuación de las investigaciones, los agentes del Instituto Armado desarrollaron el pasado 11 de noviembre una tercera fase de la investigación con la denominada operación Enredadera, en la que se procedió a la detención de 32 personas y a la imputación de varias decenas más. Los arrestos y registros se practicaron en doce provincias españolas, por lo que una vez levantado el secreto de sumario, lo más probable es que la investigación sea remitida a la Audiencia Nacional, órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos que afectan a varios ámbitos territoriales distintos.

Según la instructora, esta red formaba una "organización criminal jerarquizada" que tenía como centro a Fitonovo, una habitual contratista de las Administraciones públicas que llevaba una contabilidad B en la que se recogía de forma detallada el pago de las comisiones a cambio de favores en las adjudicaciones.

Como culminación de la operación Enredadera, la juez envió a prisión a cuatro imputados, de los cuales ya sólo sigue en la cárcel el director comercial de Fitonovo y responsable de una de las líneas de negocio de la empresa, Juan Andrés Brugueras, quien según la instructora tenía a su cargo a la mayor parte de los comerciales de la empresa y supervisaba directamente buena parte de los contratos con las administraciones. La juez impuso a Brugueras para eludir la prisión una fianza de 180.000 euros, pero el director comercial, que está encarcelado desde el pasado día 11, no ha podido aún reunir dicha cantidad. 

Esta misma semana, la juez Mercedes Alaya puso en libertad a dos directivos del Administrador de Infraestructuras Ferrroviarias (Adif) después de que hayan abonado una fianza total de 340.000 euros. La excarcelación del ex gerente de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado y del directivo de la misma empresa en Córdoba, Enrique José Finch Ramos, se produjo en los últimos días después de que ambos abonaran en el juzgado las fianzas de 90.000 y 250.000 euros, respectivamente, que la magistrada les había impuesto para poder eludir la prisión provisional.