Asaja acusa a los sindicatos de suplantar a la inspección de trabajo

La patronal agraria, Asaja-Sevilla, niega cualquier atisbo de realidad a los motivos de la huelga. "Firmamos el convenio con todas las consecuencias", afirma Felipe Gayoso, responsable de Empleo de la organización. Y añade: "Si Asaja hubiera detectado esas prácticas lo diría, pero no ha sido así; invito a los sindicatos a que digan el nombre de cuatro o cinco empresas, pero parece más fácil blindarse en una huelga que hacer eso". Asaja afirma que la inspección de Trabajo no ha registrado ni una sola denuncia de abusos laborales en el campo. Desde la Junta confirman a este periódico que a la Delegación de Empleo no ha llegado ni un solo expediente de sanción. Aparte de la mediación fallida del pasado 19 de octubre, la postura de la Consejería es la de invitar a los sindicatos a denunciar cualquier irregularidad.

De hecho, Asaja está de acuerdo con CCOO y UGT en que se intensifique al máximo la actividad inspectora. "Los primeros que queremos eso somos nosotros, pero debe de ser para todos, para empresas y trabajadores, caiga quien caiga", dice Gayoso, en una referencia velada a la picaresca por el cobro del subsidio. Asaja recuerda que los sindicatos abandonaron una negociación cuando la patronal propuso que los contratos fueran escritos y no verbales.

Lo que no va a aceptar la organización agraria, dice Gayoso, es que sean los propios sindicatos los que "suplanten la actividad inspectora". Por eso, el propio presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, se reunió ayer con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés para instarle a que la Guardia Civil vele hoy por el derecho al trabajo.

La patronal entiende, además, que el trasfondo del paro es político. "Nadie, ni en el Sercla, ni en la Delegación de Empleo, entiende la convocatoria de huelga, hay algo que flota que es político, estoy casi convencido de ello". Lo que Asaja cree es que en el trasfondo de la movilización de hoy está latente la estrategia sindical tras la huelga del 29-S y nada tiene que ver con los problemas reales del campo.

Lo que sí es un problema real, denuncia Asaja, es el documento que los sindicatos están presentando a los agricultores, que, según los empresarios es un elemento de coacción. El texto es un "acuerdo laboral" en el que se establecen tres puntos: la obligatoriedad de respetar la jornada, el salario y los pluses del convenio y el compromiso de no practicar "jornadas ilegales como pudieran ser los trabajos a destajo tanto por cajas, kilos o de algún otro tipo". Según Asaja, el documento no tiene validez jurídica alguna y es ilegal, ya que el trabajo a destajo, o por rendimiento, está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores. En un comunicado, Asaja afirmaba ayer que en muchos casos "los trabajadores del campo reciben entre 30 y 40 euros más por jornada de lo que marca el convenio, puesto que en muchos casos, y a demanda de los empleados, la empresa acepta una fórmula de pago en la que la mejora de la productividad del trabajador conlleva un incremento de los ingresos por rendimiento".

Un empresario reputado como José Gandía, presidente de la sociedad agraria de transformación Royal, admite que hay casos de incumplimientos de convenio en la recolección de los cítricos, provocados "por agentes que venden sobre camión y que operan al margen de la actividad empresarial". Pero, añade, es algo minoritario. "Y los sindicatos, en vez de atacar esos hechos, que son un delito, plantean parar la actividad global de la agricultura andaluza; una reacción de ese calibre daña el tejido agrícola de una manera extraordinaria". La tesis de Gandía es que pagan justos por pecadores y que el paro también perjudica precisamente a esos agricultores que se esfuerzan por lograr una explotación estructurada y organizada, "que es precisamente lo que se quiere proteger". Por eso aboga por actuar "de forma decidida" contra estos abusos y reprocha a los sindicatos que "intenten matar moscas a cañonazos".