La Audiencia de Sevilla ha dado la razón a dos inquilinos de las vivendas de VPO de Arttysur, en Los Bermejales, a los que la constructora Se-Perian S.L. había abierto procedimiento de desahucio aduciendo que los contratos de arrendamiento han expirado y deben firmar contratos nuevos. La promoción consta de 230 viviendas de protección oficial en alquiler situadas en la calle Polonia.

En sendas sentencias dictadas el 29 de septiembre de 2017 y el 11 de enero de 2018, la Audiencia confirma que no procede el desahucio solicitado por la entidad arrendadora (Se-Perian) porque la empresa "ocultó" que hay un derecho de opción de compra, concedido y firmado (no visado) el mismo día que suscribió el alquiler. Y añade que "este derecho no puede hacerse efectivo hasta que la vivienda no deje de estar afecta al régimen de protección pública, es decir, hasta que no transcurran 25 años desde la calificación definitiva concedida el 8 de octubre de 2007", es decir, "hasta el 8 de octubre de 2032 la opción a compra no se puede ejercitar".

Ante esta opción de compra, la Audiencia dictamina que, pese a que el arrendamiento, tenía un plazo de ocho años (desde el 22 de octubre de 2007), "es evidente que el plazo de duración del contrato de arrendamiento está vinculado al de opción de compra" porque lo contrario sería reducir la opción de compra "a una mera ilusión imposible de cumplir".

Añade la Audiencia que la empresa debe cumplir los contratos que firma y que "este contrato es inescindible de la opción de compra que la arrendadora reconoció el mismo día y al mismo tiempo a la arrendataria". Y que si esta opción de compra no puede ejercitarse hasta dentro de 25 años, "el arrendamiento ha de continuar vigente hasta esa fecha, salvo que la arrendataria decidiese ponerle fin con anterioridad, lo que implicaría igualmente su renuncia anticipada al derecho de opción de compra".

La Audiencia ha condenado a Se-Perian a pagar las costas, si bien ha recurrido en casación ante el Supremo. Los juzgados que se han pronunciado sobre este tema han dado la razón a los inquilinos al entender que la empresa actuaba "de mala fe" al querer extinguir los contratos en 2015 pese a que el contrato de 2007 no ha expirado por existir una opción de compra a los 25 años. Los afectados se han constituido en la asociación de vecinos Arttysur.

Ambas sentencias ponen en cuestión a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha defendido que la actuación de Se-Perian con los inquilinos ha sido "todo legal", pese a que 172 antiguos inquilinos han sido obligados a firmar nuevos contratos con nuevas condiciones con el argumento de que el contrato de arrendamiento había expirado. Otros tres se negaron y de ahí el litigio. Otro problema de la promoción son las pistas de pádel privadas que ocupan el patio pese a una sentencia firme de 2014 que ordenó sustituirlas por un patio comunal.

El abogado de los vecinos, Ángel Tavira, recalca que todos los intentos de desahucio han sido desestimados en primera instancia judicial y en la Audiencia, y condenada en costas la empresa, por lo que ve una "huida hacia adelante" recurrir al Supremo. Critica la inacción de la Junta en este caso y que no entregue a Podemos el expediente de subvención pública que se otorgó a esta promoción.