Conflicto laboral

El Ayuntamiento de Sevilla reduce los planes de empleo de la Junta tras el fallo del TSJA

  • La obligación de aplicar el convenio laboral a los participantes hace imposible la financiación municipal con las propuestas actuales

Trabajadores contratados en los planes de empleo de la Junta. Trabajadores contratados en los planes de empleo de la Junta.

Trabajadores contratados en los planes de empleo de la Junta. / D. S.

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la política laboral del Ayuntamiento de Sevilla tiene ya consecuencias en los planes de empleo. La junta de gobierno local aprobó este jueves que se reduzca el número de beneficiarios y la duración de los programas que convoca la Junta de Andalucía (Empleo Joven, +30 y +45), ya que el fallo del TSJA obliga a que en estos contratos se aplique el convenio laboral del que gozan todos los trabajadores municipales, lo que hace imposible la financiación local en las mismas condiciones que años anteriores, ya que resultaría “inasumible”. Por tal motivo, ha pedido al Gobierno autonómico que “redefina” estas propuestas para que los planes puedan continuar en marcha, aunque con menos contratos y tiempo.

El gobierno de Juan Espadas ya advirtió cuando este periódico dio a conocer la sentencia del Alto Tribunal Andaluz que no le preocupaba tanto los efectos retroactivos que la decisión judicial pudiera tener como su incidencia en el futuro. Medio mes después tales consecuencias ya son palpables.

El referido fallo confirmó íntegramente el de noviembre de 2018, dictado por el juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, el cual dio la razón al Sindicato de Empleados Municipales (SEM), que consideraba que los programas extraordinarios de empleo –como los mencionados anteriormente– se habían convertido “en una forma ordinaria de contratación por parte de las administraciones locales”.

Ambas sentencias establecen que el Ayuntamiento hispalense está obligado a pagar el salario mínimo interprofesional (SIM) que marca el convenio colectivo de los funcionarios municipales a los trabajadores que hayan sido contratados temporalmente a través de programas de empleo financiados por otras administraciones públicas. El fallo judicial tiene especial incidencia en los planes mencionados, ya que obliga a la Administración local a elevar su participación económica por encima de la que aporta la Junta, responsable de estos programas y que los financia a través de fondos europeos.

Peón de un plan de empleo. Peón de un plan de empleo.

Peón de un plan de empleo. / Belén Vargas

Hasta ahora, el Ayuntamiento hispalense había alcanzado un acuerdo con las distintas secciones sindicales para excluir del convenio laboral los contratos temporales de estos programas y abonar el SIM general. Por tanto, a la financiación municipal le correspondía la diferencia entre la aportación autonómica y las retribuciones mínimas, a lo que se sumaban los gastos de material y recursos complementarios.

Tras el fallo del TSJA la aportación municipal se dispara hasta alcanzar el SMI del convenio laboral, lo que en la práctica hace imposible la participación del Ayuntamiento en las actuales condiciones de los programas. Fuentes cercanas al gobierno de Espadas han explicado a este periódico que con los fondos previstos por la Junta (13 millones de euros) para poner en marcha estos planes en 2019, desde las arcas locales habría que desembolsar 32 millones de euros, una cantidad que resulta “inasumible” e impide desarrollar esta iniciativa como se ha venido haciendo en ediciones anteriores.

La Intervención General, después de la consulta de la Delegación de Empleo, que dirige Juan Manuel Flores, ha propuesto que se reformulen estos programas con el objetivo de mantenerlos , “aunque sea en una parte, pues su ejecución al completo resulta inviable en estos momentos”. No obstante, dicha opción se encuentra en estudio y no se puede garantizar que finalmente pueda llevarse a cabo.

Por tanto, los planes de empleo de la Junta penden de un hilo, algo similar a lo que ocurre en otras ciudades andaluzas, entre ellas, Málaga, que ha decidido no ponerlos en marcha ante la alta cuantía que supone para las arcas locales. “La situación es peor conforme el convenio laboral sea más avanzado”, detalló Flores.

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