La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) han solventado el conflicto abierto tras destinar la Gerencia de Urbanismo para sus proyectos propios los ingresos derivados de 55 convenios urbanísticos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006, mediante la firma de un convenio en el cual el Consistorio garantiza los sistemas generales a aquellos promotores que inicien el desarrollo urbanístico de suelos.

Este extremo se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que han estado presentes el delegado municipal de Urbanismo, Manuel Rey, y el presidente de Gaesco, Miguel Rus, que ha señalado que "hoy es un día importante para Sevilla", pues el acuerdo alcanzado con la corporación local permite crear "un marco de igualdad" y expresar "el compromiso del Ayuntamiento con los promotores, a fin de garantizar que se ejecuten las infraestructuras para el desarrollo de los suelos".

Con este convenio, de aplicación "inmediata", el PGOU podrá empezar a desarrollarse, ya que ahora hay garantías de que cualquier promotor que quiera poner su suelo en carga y desarrollarlo, ya sea de manera completa o por fases, tendrá "a su lado" al Ayuntamiento, que posibilitará la existencia de los sistemas generales necesarios, tales como infraestructuras viarias o suministros.

Entre las primeras se cuenta la ronda de circunvalación urbana SE-35, que, según ha recordado Rey, ya cuenta con cuatro tramos aprobados, uno de ellos (A-4-Emilio Lemos) "muy avanzado", y a falta de resolverse algunos aspectos de afecciones concretas para poder empezar las licitaciones.

La firma de este convenio se ha simultaneado con la suscripción de los acuerdos urbanísticos con Gabriel Rojas y Metrovacesa -promotores de los proyectos de expansión urbanística Hacienda El Rosario y Palmas Altas Sur, respectivamente-, incluidos dentro del Plan Impulsa I, que destina una cantidad de 42 millones de euros -de los 100 inicialmente presupuestados- para que estas bolsas de suelo, integradas en el PGOU, puedan comenzar su urbanización en 2011, siendo los dos primeros grandes proyectos del plan que se pondría en marcha de manera efectiva.

De esta forma, ambas iniciativas se iniciarían en los primeros meses de 2011, con un proceso de urbanización de año y medio en el primer caso y de 24 meses en el segundo, con dos años de construcción, dentro de un proceso que generaría unos 12.000 empleos y posibilitaría la habilitación de 4.870 viviendas, un 42 por ciento de las cuales serían protegidas (2.056).

Ahora, una segunda convocatoria del Plan Impulsa -un diálogo competitivo con los promotores privados, que obtienen liquidez para ejecutar la urbanización de las bolsas de suelo sin edificar, mientras que el Ayuntamiento recibe a cambio suelo residencial para construir viviendas y suelo terciario- dotada con 56 millones busca acoger a aquellas empresas que no pudieron formalizar su oferta en la primera. El delegado municipal de Urbanismo ha añadido que se negocia con los promotores de Buen Aire para ver su posibilidad de integrarse en el plan.