Cuatro de los doce bares de copas clausurados por la Policía Local durante el pasado fin de semana reiniciarán su actividad, entre mañana y el viernes, tras serle levantado el precinto. Así lo confirmaron a este periódico fuentes municipales. Los propietarios de los locales mantuvieron este martes reuniones con los responsables del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento en la que fueron informados de los motivos de los cierres, de las sanciones que se aplicarán en cada caso y del tiempo que se mantendrá el precinto, que oscila entre cinco y sesenta días. Los cuatro locales que podrán reabrir sus puertas de manera inmediata se enfrentan a sanciones económicas por las infracciones detectadas que oscilan entre los 1.500 y los 6.000 euros. 

Tres de los que reabrirán son La Jolla, en la calle Dos de Mayo, y El Hombre Bala y el Corral de Esquivel, situados en la Alameda de Hércules. En el caso de La Jolla anunciaban el levantamiento del precinto a sus clientes a través de Facebook, indicando que abrirían hoy mismo por la tarde "si logramos cumplir dos o tres pequeños requisitos legales previos". 

El Ayuntamiento informó martes a este periódico de que los 12 precintos realizados por la Policía Local, de los que viene informando este periódico desde el pasado domingo, se han basado en infracciones tipificadas como "graves" en la Ley 7/2006, conocida como Ley Antibotellón, por permitir el consumo de bebidas alcohólicas fuera del local de expedición. El Servicio de Protección Ambiental ha comenzado a estudiar los expedientes incoados por la Policía Local de manera individual para, una vez abiertos los correspondientes expedientes sancionadores, graduar la sanción conforme a las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes en cada caso y según marca la Ley de Espectáculos de la Junta de Andalucía. 

Como circunstancias agravantes, añadieron las fuentes municipales, se ha considerado el incumplimiento de las condiciones de la licencia del establecimiento precintado, los antecedentes disciplinarios del mismo y las denuncias vecinales que recaen sobre estos locales. Como atenuantes se han estimado los antecedentes disciplinarios del local y la gravedad de los hechos denunciados en el parte policial. En base a todo esto ya se emitieron martes las primeras resoluciones que llevan aparejadas unas sanciones que podrían alcanzar los 6.000 euros. El resto de los dictámenes serán emitidos a partir del próximo viernes, cuando sean analizados. 

En la mañana del martes, los propietarios y trabajadores de los bares de copas precintados entre el jueves y el domingo se concentraron de manera silenciosa ante la sede del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, situada en el Pabellón de la Madrina, para protestar por el cierre de sus establecimientos al considerar que se está actuando con una doble vara de medir. 

Según los portavoces de estos bares, con el criterio puro y duro de la prohibición de consumir alcohol en la vía pública, "muy pocos bares se salvarían de la quema", porque para los trabajadores de los negocios de hostelería resulta "muy complicado" controlar qué hace cada cliente del establecimiento una vez adquiere una bebida. Los propietarios han acordado contratar los servicios del abogado Juan Isidro Fernández y constituir "una plataforma", como avanzó este martes este periódico. Los dueños de estos negocios habrían negado antes a los responsables de Medio Ambiente que antes de las órdenes de precinto mediase un aviso directo de las consecuencias de sus infracciones, como aseguró este martes el Ayuntamiento. "Reclamamos un trato por igual para todos, no desigualdades". 

Tras la polémica generada por las clausuras, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, defendió que todos estos negocios estaban "advertidos" de las consecuencias de no adecuar su actividad pero reiteraron las infracciones que han motivado su cierre. En rueda de prensa, Zoido explicó que el viernes fueron precintados los seis bares del Arenal que fueron inspeccionados y advertidos la noche antes, como publicó este martes este diario: "Estaban previamente advertidos por la Policía Local, luego no ha habido nada sorpresivo ni repentino. Si se demuestra que los negocios están incumpliendo las normas y ordenanzas se les denuncia y si continúan incumpliendo reiteradamente, se les precinta el bar, pero nunca se precinta como consecuencia de una primera denuncia". 

El alcalde descartó que exista "improvisación" y reiteró la promesa hecha a los vecinos para garantizarles el derecho al descanso: "Existe el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos de las zonas afectadas, para actuar y que las normas se cumplan, porque no podemos hacer caso omiso ante reiterados incumplimientos de las normas por parte de algunos establecimientos ni tolerantes con la botellona". 

La asamblea del Casco Antiguo de Izquierda Unida, por su parte, avisó de una "campaña de cierre selectivo de bares" con "tintes electoralistas". Para IU-CA, "la represión no es la solución", por lo que reclama "diálogo" entre las partes para alcanzar un acuerdo que solvente el conflicto. IU se centró en el caso de la Alameda, denunciando un trato de favor hacia determinadas organizaciones desde que el PP gobierna el Ayuntamiento: "El distrito Casco Antiguo se ha empleado a fondo para que la Alameda deje de ser un espacio donde conviven distintas formas de entender el ocio en favor de la uniformidad. El mayor bulevar laico de Europa se está convirtiendo en una feria de muestras constante, donde asociaciones y hermandades afines realizan fiestas al aire libre, venden alcohol y ocupan la calle sin tener que pagar impuestos. Además, cada vez es mayor la relajación que el PP muestra con el tráfico en la Alameda, donde se presiona a la Policía para cerrar bares de forma discriminatoria pero no se vigila la ocupación de vehículos de las zonas peatonales".