Un permiso especifíco. El Ayuntamiento pedirá una licencia especial para que las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) puedan operar. Se trata de una de las novedades que se incorporarán en la futura ordenanza que regulará los pisos turísticos. Este permiso ya lo ha incluido Madrid en su normativa, aunque en este caso no cuentan con una legislación autonómica, como sí sucede en Andalucía. El Consistorio tendría también la posibilidad de aplicar a estos alojamientos una tasa fiscal. El gobierno de Juan Espadas ya ha abierto una consulta para que los ciudadanos puedan manifestar sus inquietudes o intereses ante la próxima redacción de la norma.

Las Viviendas con Fines Turísticos han irrumpido con fuerza en los últimos años en la ciudad. Esta actividad, nacida en las costas con los alquileres vacacionales, está cambiando la fisonomía de muchas zonas del conjunto histórico de Sevilla y de otras muchas ciudades. Aunque no existen problemas de convivencia generalizados, según la encuesta que publicó este periódico el pasado jueves, sí que está teniendo una incidencia importante, por ejemplo, en el precio de los alquileres, expulsando a muchos residentes del centro histórico. El Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para regular las VFT a través de una modificación del PGOU que permita reconocer el uso turístico de estas viviendas; y mediante la creación de una ordenanza específica, que se quiere aprobar antes de las elecciones municipales del próximo año. Mientras tanto, se incrementarán la inspecciones y el control y la coordinación entre las administraciones para acabar con la gran oferta ilegal existente.

Todas la acciones que el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto poner en marcha van dirigidas exclusivamente a viviendas turísticas. Hay que establecer una diferencia clara con los apartamentos turísticos, que sí están suficientemente regulados en la normativa autonómica en el propio Plan General de Sevilla. La competencia en las VFT las tiene la Junta de Andalucía, que las reguló mediante el decreto 28/2016, de 2 de febrero. En esta norma se establecen por primera vez unas mínimas garantías de calidad y seguridad para los usuarios. Además, se incorpora la obligatoriedad de estar inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. Para ello, se exige que dispongan de licencia de primera ocupación. Para que un piso pueda dedicarse a la actividad turística necesita obtener la licencia de primera ocupación si su construcción es anterior a 1988. Para limitar el número que se transforman el Ayuntamiento ha endurecido las condiciones para obtener este certificado, pidiendo los requisitos más exigentes de la ley. Esta medida ha hecho que se frene la reconversión de unos 40 pisos en los últimos meses.

Una turista en el barrio de Santa Cruz

Además de endurecer las condiciones para obtener la licencia de primera ocupación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una batería de medidas para propiciar la regulación de todas o la mayor parte de las VFT. En primer lugar con actuaciones disciplinarias, encaminadas a que la totalidad de las VFT operen dentro de la legalidad. La competencia en este caso es autonómica. También se incide en contar con la participación policial dada la incidencia que la no regularización de las VFT pudiera tener en materia de seguridad. Las actuaciones de la Policía Local se han multiplicado en los últimos meses. En el año 2017 se realizaron 22 inspecciones físicas a VFT, con 6 denuncias. En lo que va de año ya se han producido 33, además de 38 a apartamentos. Las denuncias ascienden a 21. Esta estrategia de control y persecución ha hecho que en lo que va de año se hayan regularizado numerosas viviendas.

El segundo bloque va encaminado a que todos los propietarios de VFT tributen adecuadamente en función de la actividad económica que desarrollan y en las mismas condiciones que lo hacen los titulares de otros establecimientos de alojamiento turístico. También se está potenciando la colaboración con las plataformas digitales, imprescindible para la efectividad de las medidas propuestas. Se ha aplicado un programa conjunto de inspección con la Junta de Andalucía cruzando datos de los estudios municipales sobre la oferta ilegal.

El Ayuntamiento también ha creado una web donde los ciudadanos puedan denunciar las VFT ilegales así como las molestias causadas por ellas y se han refuerzo de los trabajos de la Mesa contra la oferta clandestina de viviendas, en la que participan diversos colectivos, entre ellos los Administradores de Fincas. Aunque estas medidas funcionen, su resultado es limitado. Por ello, el Ayuntamiento está elaborando su propia legislación. La ordenanza específica que regulará el uso de las VFT incidirá en la determinación del uso urbanístico en que debe encuadrarse la VFT, las condiciones de compatibilidad con el uso residencial. Se exigirán nuevas condiciones de accesibilidad y protección contra incendios. Se establecerá un procedimiento para su puesta en funcionamiento. Dado que es un uso distinto al residencial, su implantación estará sujeta a una licencia urbanística de cambio de uso o declaración responsable, según proceda. Habrá restricciones a la implantación de VFT en Viviendas de Protección Oficial o sujetas a cualquier tipo de protección y se estudiará una limitación en determinadas zonas de acuerdo con los estudios que se han realizado que han revelado que a fecha 31 de diciembre de 2017 había registrados 1.739 pisos en el centro con un total de 7.975 plazas. A mucha distancia se encuentra Triana, con 257 viviendas y 1.245 plazas. En toda la ciudad existen 2.297 VFT.