Siete años de una exhaustiva investigación y más de 129 casos de supuestos bebés robados que han sido archivados tras descartarse en la practicad totalidad de los casos que no hubo ninguna actuación delictiva. Éste el es balance de la investigación iniciada en el seno de la Fiscalía sevillana en el año 2011, en el marco de las querellas presentadas en su día ante la Fiscalía General del Estado, que decidió remitir cada uno de los casos a las distintas Fiscalías provinciales.

En el caso de Sevilla, el Ministerio Público designó al fiscal José Escudero como coordinador de todas las investigaciones relacionadas con los supuestos robos de bebés. Este fiscal, con el auxilio primero de una agente del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y ahora de funcionarios del Servicio de Atención a la Familia (SAF), ha examinado concienzudamente cada uno de esos 129 casos que han terminado con el dictado por parte del fiscal de un decreto de archivo de las actuaciones, en el que se ha ofrecido a cada una de las familias denunciantes un extenso relato de las investigaciones y de las pruebas recabadas.

De la investigación llevada a cabo se desprende que, aunque realmente tuvieron que producirse casos de este tipo, dado que era una época en la que no se llevaban a cabo abortos y las familias que tenían muchos niños, bien por su propia voluntad o por la de otros, acababan entregándolos en adopción, aseguraron a este periódico fuentes del Ministerio Público, de ahí a que existiera una "trama organizada" como tal para la sustracción de niños al nacer es "muy difícil" de demostrar y además no se han encontrado indicios de la existencia de ese supuesto concierto de personas para el robo de los bebés, añadieron las fuentes consultadas.

En cada uno de esos 129 casos, el fiscal encargado de la investigación ha elaborado un decreto de archivo en los que se realiza un relato minucioso de todos los pasos que se han ido dando para descartar los hechos denunciados. Los funcionarios policiales, primero los del Grupo de Homicidios -que han llevado el grueso de la investigación- y ahora los del Servicio de Atención a la Familia (SAF), se han "pateado" el Registro Civil y el cementerio, pero para sentar en el banquillo de los acusados a una persona se necesitan unas pruebas "mínimamente solventes", insistieron.

En el curso de las pesquisas se han llegado a realizar hasta cuatro exhumaciones de restos óseos en Sevilla, pero ninguna de ellas ha aportado pruebas del supuesto robo porque en algunos casos el ADN se correspondía con el de los padres, con lo cual quedaba acreditado el fallecimiento del bebé y que no se había producido el robo denunciado, y en otros no se pudo individualizar científicamente el perfil genético del bebé para contrastarlo con el de sus progenitores o familiares.

La Fiscalía de Sevilla ha investigado posibles delitos de detención ilegal, por haber privado de libertad a una persona que en principio estaba con sus padres en el momento de la detención, y también incluso un delito de sustracción de menores.

De los 129 casos que se han denunciado en Sevilla desde el año 2011, en la actualidad ya sólo se investigan tres. Se trata de tres denuncias que han sido presentadas en la Fiscalía de Sevilla a lo largo de este 2018, mientras que el resto fueron archivadas por el Ministerio Público.

Dos de estos tres casos que están actualmente en investigación se corresponden con sendos nacimientos registrados en el hospital Virgen del Rocío -el antiguo hospital García Morato- en los años 1972 y 1981; y el tercero se produjo en 1967 en el antiguo hospital de Las Cinco Llagas, la actual sede del Parlamento de Andalucía.

En uno de los casos en los que la investigación está abierta se trata de determinar si una enferma del Virgen del Rocío puede ser la madre de un bebé dado en adopción o conoce la verdadera identidad de la madre biológica, por lo que cuatro hermanos de las dos ramas familiares van a someterse a pruebas de ADN para, en su caso, tratar de confirmar el parentesco.

En Sevilla se han practicado desde 2011 cuatro exhumaciones de restos óseos

Pero la investigación de la Fiscalía de Sevilla se ha remontado en algunos casos a la década de los 50. La primera denuncia sobre un caso de supuesto robo de bebés en el Hospital Virgen del Rocío se remonta a 1958 y la última es de 2003, mientras que en Las Cinco Llagas la primera data de 1957 y la última de 1971; y en el Hospital Virgen Macarena la primera denuncia se remonta a 1977 y la última a 1998.

El decreto de archivo de la Fiscalía, a pesar de la ingente investigación desarrollada, no ha dado satisfacción a algunas de las familias. Así, en seis o siete casos de los 129 investigados los familiares han presentado denuncia en el juzgado de Guardia tras el archivo acordado por el Ministerio Público, con la idea de que el juez reabriera la investigación, pero en todos estos casos los jueces han ratificado el sobreseimiento de las investigaciones, al no acreditarse los posibles delitos relacionados con la supuesta entrega de bebés a terceras personas.

Las fuentes de la Fiscalía consultadas por este periódico insistieron en que "se ha investigado mucho", por lo que los agentes de la Policía Nacional son los primeros que estarían satisfechos de haber podido encontrar alguna prueba que justificara la sustracción de alguno de los menores que buscan estas familias, pero la realidad "no ha sido así".

Desde el Ministerio Público recuerdan que en la época en la que se produjeron los hechos investigados "la mortalidad infantil era elevada y la práctica de autopsias no era frecuente". Además, el hospital de las Cinco Llagas, por ejemplo, contaba con una Sala de Beneficencia para personas que no tenían el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) o carecían de recursos económicos, sin que se llevara un "libro de registro de esas asistencias".

La Casa Cuna, el antiguo Centro Provincial Infantil ubicado en Miraflores, estaba asistida por religiosas de la Caridad y en ella los padres dejaban a sus hijos cuando no podían atenderlos o querían darlos en adopción, pero tampoco consta que se llevara un registro de estas entregas de bebés. Precisamente la falta de registros es lo que ha dificultado en gran medida la investigación en torno a los bebés robados.