Movilidad quiere arreglar los problemas del taxi en el aeropuerto de San Pablo. Tras anunciar la semana pasada que se instalará una parada con una barrera para los taxis concertados, el delegado adelantó ayer que el jueves empezará a funcionar una unidad específica de la Policía Local en el aeródromo y la estación de trenes de Santa Justa formada por 12 agentes. Esta nueva unidad es un viejo anhelo del Ayuntamiento, que hace años ya contaba con un grupo de policías para estos destinos pero que finalmente se terminó disolviendo, principalmente porque los agentes que ejercían estas funciones eran ya veteranos y se fueron jubilando sin que la Jefatura encontrara los recambios adecuados. Actualmente, la Policía Local mantiene una presencia continuada en el aeropuerto de San Pablo, si bien la dotación es mínima. Sólo hay una pareja por turno en cada uno de los puntos y a veces ni siquiera están durante toda la jornada, dependiendo de las necesidades del servicio y del número de agentes disponibles en la calle.

No son las únicas medidas que entrarán en funcionamiento. Desde el 24 de febrero serán ocho los policías que compondrán la plantilla del servicio destinado a investigar el intrusismo y las conductas irregulares en el conjunto del sector del transporte (en la actualidad son cuatro agentes), y se establecerá una mayor coordinación con la Policía Nacional en aquellas conductas que pudieran ser constitutivas de delito.

Estas iniciativas fueron anunciadas por Juan Carlos Cabrera tras mantener una reunión de trabajo en uno de los salones del Ayuntamiento con los dos presidentes de las asociaciones mayoritarias con representación en el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi (Fernando Morales de la Unión Sevillana del Taxi y Enrique Filgueras de Hispalense Solidaridad del Taxi) y responsables de la compañía de prestación de servicios de alquiler de vehículos con conductor incluido (Cabify) para abordar los últimos problemas de competencia surgidos entre ambas partes.

El delegado mantendrá una reunión con la dirección de San Pablo para tratar una serie de modificaciones en el interior del recinto aeroportuario con la intención de habilitar una zona específica para servicios previamente concertados, acotada y controlada por la Policía Local para reforzar la vigilancia del intrusismo y que toda la documentación esté en regla y que los servicios se realizan en condiciones de seguridad. Además, el gobierno municipal elevará a la Junta de Andalucía una solicitud para que se concreten "los términos exactos" que cabría entender por concertación de servicios, entre ellos la duración.

Durante la reunión Cabrera llamó a todas las partes a poner de su parte para atajar de una vez el ejercicio de competencia desleal y los conflictos que empañan la imagen del taxi y de la ciudad. Los representantes de Cabify se comprometieron a no realizar la captación de clientes en el área de influencia del servicio de taxi. Los implicados se volverán a reunir si en un mes persisten estos problemas.

Taxis en la parada del aeropuerto.

Sobre el turno rotatorio, el delegado insistió en que su implantación no satisface la demanda de los pasajeros: "No todos los taxistas están dispuestos a esperar tres horas a que llegue un vuelo y reducirse a tres o cuatro servicios en un día". Tras eludir en tres ocasiones pronunciarse sobre el monopolio que existe en San Pablo, Cabrera aprovechó para "lavar la imagen de estos profesionales, que los hay magníficos". El concejal respalda la versión del conflicto que sostiene desde hace años la asociación Solidaridad del Taxi, mayoritaria entre los conductores que rinden en el aeropuerto. Esta entidad lleva años hablando del fuerte intrusismo que padece el sector en la terminal. Sin embargo, otros colectivos del sector apuntan que el verdadero problema es el monopolio que pretende imponer un grupo reducido de taxistas, y no tanto el intrusismo. El conflicto se ha ido recrudeciendo en los últimos meses, cuando se han sucedido los sabotajes, pinchazos en neumáticos y lanzamientos de huevos en los taxis que iban a recoger a clientes concertados previamente y en los vehículos de alquiler con conductor.

No faltaron las reacciones políticas. Desde Ciudadanos valoraron "positivamente" la implantación de "una específica y mayor dotación policial para vigilar las zonas de conflicto", pero no entienden que "se intente desviar la atención hacia el intrusismo" y que el gobierno no se muestre "rotundo contra el monopolio existente y contra los violentos".