La Guardia Civil, en una operación desarrollada en las provincias de Burgos, Murcia y Sevilla, ha detenido a 10 personas e investigado a otras 5, pertenecientes a una organización delictiva dedicada a la manipulación de tacógrafos digitales. La organización, entre cuyos miembros se encontraba algún camionero, manipulaba y vendía los tacógrafos digitales, para que los transportistas pudieran conducir sin cumplir la normativa europea de tiempos de conducción y descansos.

En un comunicado, el instituto armado ha informado este viernes de que se han realizado 3 entradas y registros en los diferentes domicilios particulares de los detenidos en localidades de Burgos, Sevilla y Murcia, así como 3 entradas y registros en talleres de vehículos industriales, que servían como colaboradores en la manipulación de los tacógrafos digitales. Se han intervenido numerosos efectos y documentación y gran cantidad de dinero en metálico, todo relacionado con los hechos investigados.

La operación policial se inició por una información de Europol, debido a que la organización estaba ubicada en diferentes países europeos. La red manipulaba el tacógrafo digital mediante la modificación del software, ofreciendo al transportista la posibilidad de conducir sin que le cuenten las horas de conducción, ni los kilómetros recorridos, vulnerando así la legislación comunitaria vigente.

De esta forma, si eran parados en una inspección en carretera y trasladados a un centro técnico, al objeto de comprobar el tacógrafo, no se detectaba su manipulación. Este tipo de aparatos se encuentran instalados en toda clase de vehículos que tienen un peso superior a 3,5 toneladas o que puedan transportar a 9 personas o más.

Con este tipo de fraude, cuando los agentes realizan una inspección se obtiene como resultado la creación de un documento que induce a error sobre su autenticidad, al reflejar unos datos de registro absolutamente falsos y distintos de los reales, referentes a los tiempos de conducción, descanso, disponibilidad, otros trabajos, velocidad y distancia recorrida, con el consiguiente peligro para la seguridad vial, además de la competencia desleal para el resto del sector.

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de enero, y la instrucción de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, la manipulación de este tipo de aparatos tacógrafos se castiga como un delito de falsificación en documento oficial, además de la posibilidad de investigación de la empresa que los tiene instalados en sus vehículos, pudiendo ser imputados por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis (G.I.A.T. Central), de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y ha intervenido personal de las comandancias afectadas (Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Seprona) y del Servicio Cinológico, con perros especializados en la detección de papel moneda relacionados con la actividad ilícita desarrollada por el grupo criminal.