Cierran voluntariamente las dos residencias investigadas por trato vejatorio a los ancianos

Las residencias de mayores San Lorenzo" de Alcalá de Guadaíra y "La alegría" de Carmona, que están siendo investigadas por la Fiscalía por presuntos tratos vejatorios a los mayores, han cerrado de forma voluntaria en el plazo de 15 días que les concedió la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, según han confirmado a este periódico fuentes del departamento que dirige Rocío Ruiz.

Tras el dictamen de los servicios de Inspección de la Consejería, las dos residencias han cerrado dentro del plazo voluntario y han reubicado a los residentes, según han explicado las mismas fuentes, que han señalado que los familiares de los ancianos se han hecho cargo de la mayoría de ellos, mientras que la Junta ha trabajado en el realojo de 13 mayores, para lo cual se han tenido en cuenta sus circunstancias y los recursos que les vendrían mejor.

Una parte de los ancianos han sido reubicado en la residencia Huerta Palacios, que es de titularidad de la Junta de Andalucía, así como en otros recursos disponibles. Desde la Consejería han reiterado que la Administración autonómica ha actuado desde el primer momento en este caso y se han puesto en marcha "de inmediato los mecanismos de protección de todas las personas mayores.

Los dos centros clausurados forman parte de las tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla que están siendo investigadas por la Fiscalía por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados".

En las residencias "San Lorenzo" de Alcalá de Guadaíra y "La alegría" de Carmona se llevaron a cabo sendas inspecciones en noviembre del año pasado y se detectaron "situaciones denigrantes" para los mayores, según dijo entonces la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que no quiso dar más detalles por lo "doloroso de la situación".

Estas dos residencias han sido objeto de diversas actuaciones inspectoras durante 2020 y 2021, tanto telefónicas como presenciales. En una de esas actuaciones realizadas entre los meses de noviembre y diciembre, se detectaron infracciones “muy graves”. De manera paralela, se dio traslado de estas actuaciones a la Fiscalía de Sevilla, dentro de la colaboración existente entre ambas instituciones.

Y en el marco de esos expedientes sancionadores, se ordenó el cierre cautelar de las dos residencias, que fue comunicado el pasado 19 de enero a la dirección de los centros. Una vez notificado, los responsables contaban con un plazo de 15 días naturales para el cierre voluntario, lo que ahora ha sucedido sin que por parte de la Consejería se haya tenido que ordenar el cierre forzoso de las instalaciones.

Ambas residencias son de titularidad privada y cuentan sólo con plazas privadas. El día de la notificación, había un total de 16 personas mayores en Alcalá de Guadaíra y 24 en Carmona.

La Fiscalía investiga un posible trato vejatorio a los mayores, así como delitos de falsedad documento público, un delito contra la salud pública y otro de desobediencia a la autoridad.

Sin sábanas o mantas

Sobre el trato vejatorio, se investigan unas condiciones de higiene "nefastas" y el hecho de que los mayores estuvieran "sin sábanas o mantas". Respecto al delito contra la salud pública, se analiza si la alimentación facilitada es "inadecuada" e incluso que se les hayan suministrado medicamentos "no prescritos, algunos caducados, o dosis no adecuadas". En cuanto al delito de falsedad, se trata de determinar si la misma se ha producido en "documentos médicos". Y también se investiga un delito de desobediencia a la autoridad, por los traslados de mayores entre centros "incumpliendo la normativa del Covid-19".

Se trata de las primeras diligencias de investigación que abre la Fiscalía de Sevilla en relación con el funcionamiento de las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus, dado que durante la primera ola sólo se habían abierto diligencias informativas.

Por estos hechos han declarado ya las dos directoras de los tres centros de mayores -una de ellas regenta los dos geriátricos-, y según la Fiscalía lo ocurrido en estos establecimientos supera lo que son las "meras irregularidades administrativas" que se detectaron en los centros de mayores durante la primera ola y pueden acarrear responsabilidades penales.

En relación con estas diligencias, la Fiscalía ya ha tomado declaración como investigadas a las dos directoras de los tres centros de mayores, aunque el caso aún no ha sido denunciado en los juzgados por parte del Ministerio Público, que está a la espera de recibir nuevos informes de los servicios de Inspección de la Junta, que deben analizar todos los datos como los traslados de los mayores entre centros e incluso verificar los "pastilleros", para ver qué medicamentos les han dado.