Residencias de mayores en Alcalá y Carmona

Las residencias de los horrores

  • Se trata de dos de los tres establecimientos a los que el fiscal ha abierto unas diligencias penales por ofrecer a los ancianos alimentos inadecuados y medicamentos "caducados", además de tenerlos sin sábanas o mantas

La residencia "La Alegría" de Carmona, una de las dos que ha clausurado la Junta. La residencia "La Alegría" de Carmona, una de las dos que ha clausurado la Junta.

La residencia "La Alegría" de Carmona, una de las dos que ha clausurado la Junta. / Antonio Pizarro

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha ordenado el cierre cautelar de dos de las tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla que están siendo investigadas por la Fiscalía de Sevilla por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados". Se trata de las residencias "San Lorenzo" de Alcalá de Guadaíra y "La alegría" de Carmona, centros donde según ha explicado este martes la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno se llevaron a cabo sendas inspecciones en noviembre pasado y se detectaron "situaciones denigrantes" para los mayores, aunque no ha querido dar más detalles por lo "doloroso de la situación". 

La Junta ha iniciado el correspondiente expediente sancionador a estas residencias y se le ha dado un plazo de 15 días para llevar a cabo el cierre, por lo que la Junta de Andalucía ya se ha puesto a disposición de los familiares y de los ayuntamientos donde se ubican estos centros para proceder al realojo de los mayores en la forma en que sea posible. Igualdad también ha abierto un expediente sancionador a otra residencia, de la que no ha facilitado datos, y está pendiente de la autorización del cierre cautelar. La consejera ha explicado que en 2020 se llevaron a cabo 290 inspecciones en las residencias de mayores de Andalucía, una cifra que duplica a las realizadas el año anterior.

Estas dos residencias han sido objeto de diversas actuaciones inspectoras durante 2020 y 2021, tanto telefónicas como presenciales. En una de esas actuaciones realizadas entre los meses de noviembre y diciembre, se detectaron infracciones “muy graves”, según ha informado la Consejería de Igualdad, que ha añadido que en ese momento se iniciaron los trámites administrativos pertinentes que han derivado en el inicio de dos expedientes sancionadores. De manera paralela, se dio traslado de estas actuaciones a la Fiscalía de Sevilla, dentro de la colaboración existente entre ambas instituciones. 

Y en el marco de esos expedientes sancionadores, se ha ordenado el cierre cautelar de las dos residencias, que fue comunicado ayer a la dirección de los centros. Una vez notificado, los responsables cuentan con un plazo de 15 días naturales para el cierre voluntario, debiendo comunicarlo a los familiares dentro de los 5 primeros días de ese plazo. Y transcurrido este  tiempo, la Consejería puede ordenar el cierre forzoso de las instalaciones.

Ambas residencias son de titularidad privada y cuentan sólo con plazas privadas. El día de la notificación, había un total de 16 personas mayores en Alcalá de Guadaíra y 24 en Carmona. Si alguna de las personas residentes no cuenta con familia o se encuentra en riesgo de exclusión social, la Consejería adoptará las medidas de protección pertinentes.

Las dos residencias que ya han recibido la orden de cierre cautelar están siendo investigadas por la Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, Norberto Sotomayor, que ha abierto unas diligencias de investigación contra dos directoras de tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla.

El fiscal delegado de Personas Mayores, Norberto Sotomayor, explicó recientemente a este periódico que en estos tres casos se investiga un posible trato vejatorio a los mayores, así como delitos de falsedad documento público, un delito contra la salud pública y otro de desobediencia a la autoridad.

Sin sábanas o mantas

Sobre el trato vejatorio, el fiscal precisó que se investigan unas condiciones de higiene "nefastas" y el hecho de que los mayores estuvieran "sin sábanas o mantas". Respecto al delito contra la salud pública, se analiza si la alimentación facilitada es "inadecuada" e incluso que se les hayan suministrado medicamentos "no prescritos, algunos caducados, o dosis no adecuadas". En cuanto al delito de falsedad, se investiga si la misma se ha producido en "documentos médicos". Y también se investiga un delito de desobediencia a la autoridad, por los traslados de mayores entre centros "incumpliendo la normativa del Covid-19".

Se trata de las primeras diligencias de investigación que abre la Fiscalía de Sevilla en relación con el funcionamiento de las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus, dado que durante la primera ola sólo se habían abierto diligencias informativas.

Por estos hechos han declarado ya las dos directoras de los tres centros de mayores -una de ellas regenta los dos geriátricos-, y según la Fiscalía lo ocurrido en estos establecimientos supera lo que son las "meras irregularidades administrativas" que se detectaron en los centros de mayores durante la primera ola y pueden acarrear responsabilidades penales.

En relación con estas diligencias, la Fiscalía ya ha tomado declaración como investigadas a las dos directoras de los tres centros de mayores, aunque el caso aún no ha sido denunciado en los juzgados por parte del Ministerio Público, que está a la espera de recibir nuevos informes de los servicios de Inspección de la Junta, que deben analizar todos los datos como los traslados de los mayores entre centros e incluso verificar los "pastilleros", para ver qué medicamentos les han dado.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios